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La interventoría de la empresa de energía expone desórdenes contables, incumplimientos contractuales y un severo deterioro patrimonial.
Este miércoles 8 de enero, la interventoría de la empresa de energía Air-e presentó ante la Superintendencia de Servicios Públicos su primer informe oficial. El documento revela una serie de presuntas irregularidades que comprometen tanto la operatividad como la estabilidad financiera de la compañía, que opera en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Entre los hallazgos más alarmantes, se destacan incumplimientos en contratos de energía, desorden en la contabilidad, deficiencias en la contratación con terceros y racionamientos de energía informados como “mantenimientos”.
Irregularidades operativas y contractuales
El agente especial de Air-e, Edwin Palma, indicó que el informe evidenció una baja ejecución del plan de inversiones, deterioro en la calidad del servicio y pérdidas de recursos destinados a la normalización eléctrica.
Sobre los racionamientos informados como mantenimientos, Palma afirmó que “se encontró una solicitud de interrupciones programadas para un listado de circuitos determinado, que careció de justificación técnica. Por el contrario, esto fue informado a los usuarios como mantenimientos y lavados en las redes de media tensión”.
Agregó que esta práctica afectó la confianza de los usuarios en el sistema eléctrico, quienes experimentaron cortes injustificados en el suministro.
Crisis financiera y desbalance patrimonial
En términos financieros, el informe concluyó que Air-e enfrenta un deterioro patrimonial severo. “Las obligaciones causadas han sido valoradas inicialmente en la suma de $1.9 billones, sobre todo por el reiterado incumplimiento de sus obligaciones de pago”, detalló la interventoría en un comunicado.
Además, señalaron que, durante el tercer trimestre de 2024, la exposición en bolsa de la empresa se incrementó debido a incumplimientos en los contratos de compra de energía. Esto redujo la cobertura en contratos a un 50 %, comprometiendo aún más la operación financiera de la compañía.
Por cuarto año consecutivo, Air-e no generó utilidades y se encuentra incapaz de producir los recursos necesarios para garantizar su funcionamiento.
Problemas legales y riesgos tarifarios
El informe también señaló un alto número de acciones legales contra la empresa, incluyendo procesos ejecutivos suspendidos por la intervención, que ascienden a $69.325 millones, además de intereses moratorios acumulados.
En relación con el Plan de Inversiones aprobado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para 2023 y 2024, Air-e incumplió con las metas establecidas. La interventoría advirtió que no cumplir las metas de reducción de pérdidas durante dos años consecutivos podría obligar a la empresa a devolver $400.000 millones recaudados a través de tarifas.
Consecuencias económicas y jurídicas
Otro de los hallazgos más críticos tiene que ver con contratos en los que la compañía se comprometió a generar energía, pero que no cumplió, lo que derivó en consecuencias económicas y jurídicas.
La interventoría concluyó que estas irregularidades impactan directamente la calidad del servicio y la confianza de los usuarios.
El informe plantea serios retos para Air-e, que deberá corregir el rumbo de su operación, cumplir con los compromisos regulatorios y recuperar la estabilidad financiera para evitar sanciones adicionales y garantizar un servicio eficiente a los usuarios.
Humberto ‘Toto’ Torres
