Representante Lina Garrido interpone derecho de petición al SAE para esclarecer destino de oro que Petro donaría a Gaza

En un movimiento de control político que genera nuevas tensiones entre el legislativo y el ejecutivo, la representante a la Cámara Lina Garrido interpuso un derecho de petición a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) exigiendo información detallada sobre el oro que el presidente Gustavo Petro pretende destinar a la reconstrucción de Gaza.

La congresista por Arauca, conocida como “La del Sombrero”, actuó tras el anuncio del jefe de Estado sobre el envío de ayuda humanitaria a Palestina. “Me tocó enviarle un Derecho de Petición al SAE para ver cuánto oro es el que el presidente Petro le quiere quitar a las regiones colombianas”, declaró Garrido en su cuenta de X, cuestionando el destino de recursos que, según su perspectiva, deberían invertirse en necesidades locales.

El documento oficial, fechado el 14 de octubre de 2025 y dirigido a la presidenta del SAE, Amelia Pérez Parra, solicita información precisa sobre la cantidad total de oro en poder de la entidad, especificando que debe responderse “numéricamente y con la unidad de medida” con corte a la fecha de la solicitud.

El derecho de petición exige seis puntos clave de información, incluyendo la identificación detallada de cada lote de oro, su procedencia, fecha de incautación, estado jurídico actual, ubicación física y responsable de custodia. Además, la congresista requiere conocer el “avalúo monetario total del oro incautado” en pesos colombianos y dólares estadounidenses.

Uno de los aspectos más contundentes del requerimiento busca determinar el “marco normativo y administrativo que autoriza al SAE a donar” bienes incautados para cooperación internacional. Garrido solicita específicamente que se cite toda la normativa aplicable y se explique si existe “fundamento legal para realizar donaciones ‘discriminatorias'” a favor de un país específico.

La representante fundamenta su solicitud en el artículo 258 de la Ley 5ª de 1992, que faculta a los congresistas para solicitar informes a los funcionarios públicos, quienes deben responder dentro de los cinco días siguientes. La respuesta del SAE será crucial para determinar la viabilidad jurídica de la propuesta presidencial y podría generar un nuevo frente de debate sobre el uso de recursos provenientes de activos incautados.

Humberto ‘Toto’ Torres