El exmandatario está siendo investigado por fraude procesal y soborno a testigos.
La Fiscalía General de la Nación anunció este martes que el fiscal 10 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Andrés Palencia Fajardo, renunció al caso que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta compra de testigos y fraude procesal. Argumentó razones personales relacionadas con la salud de los miembros de su familia.
Por consiguiente, el proceso fue asignado a Víctor Andrés Salcedo Fuentes, fiscal 12 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, para llevar a cabo las respectivas labores judiciales. Este tendrá 90 días para analizar el caso y decidir si acusa o solicita por cuarta vez la preclusión del proceso contra Uribe Vélez.
Originalmente, esta decisión debería haberse tomado la próxima semana, ya que el miércoles 10 de enero se cumplen los 90 días que tiene por ley el ente acusador para resolver si acusa o no a Uribe, tras haber reasignado la investigación al fiscal Palencia. En otras palabras, los términos estaban por vencerse; sin embargo, con los nuevos acontecimientos, este plazo se prolongaría por 90 días más.
“Ante la vacancia judicial presentada y con el propósito de dar continuidad a la actividad investigativa relacionada con el proceso que se sigue contra el señor expresidente Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno a testigos, se ha asignado el caso al Fiscal 12 Delegado ante la Corte para lo pertinente”, precisó la Fiscalía.
En octubre de 2023, el Tribunal Superior de Bogotá decidió no precluir la investigación que se adelanta contra Uribe Vélez en el caso de presunta manipulación de testigos y fraude procesal. La petición fue rechazada al final de una audiencia en la que los magistrados encontraron algunas inconsistencias en los argumentos presentados por la Fiscalía.
“El estudio de varios de los elementos de convicción allegados puso en evidencia la existencia de incertidumbres sustanciales sobre las circunstancias en que se desarrollaron los hechos, materia de estudio, las que, finalmente, permitirían esclarecer si se ejecutaron o no las conductas punibles de soborno en la actuación penal y fraude procesal”, sostuvo el Tribunal en su momento.
JUAN JOYA