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14 marzo, 2026
La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que apartó de su cargo a una funcionaria supernumeraria tras conocerse un video en redes sociales en el que presuntamente participaba en actividades de carácter político, lo que llevó a la apertura de una investigación disciplinaria interna.
Según explicó la entidad en un comunicado oficial, la decisión se tomó de manera inmediata luego de que se difundiera el material audiovisual, en el que aparece la funcionaria identificada como María Camila Gómez en un evento político junto a dirigentes y figuras públicas.
La Registraduría indicó que, ante la aparente participación en política de la empleada, se optó por retirarla temporalmente de sus funciones mientras se adelantan las indagaciones correspondientes. El caso fue remitido a la Oficina de Control Disciplinario de la entidad, que deberá determinar si hubo infracciones al régimen disciplinario aplicable a los servidores públicos.
La institución recordó que los funcionarios del organismo electoral tienen la obligación de mantener absoluta neutralidad frente a actividades partidistas o campañas políticas, debido a la naturaleza de sus funciones dentro del sistema democrático.
De acuerdo con lo señalado por la Registraduría, este tipo de conductas podrían constituir faltas disciplinarias graves e incluso derivar en responsabilidades penales. La entidad advirtió que los servidores públicos que intervengan en política podrían incurrir en el delito de intervención en política, contemplado en el artículo 422 del Código Penal colombiano.
El organismo electoral reiteró que mantiene vigilancia permanente sobre el comportamiento de sus funcionarios y recordó que está prohibido utilizar cargos públicos para favorecer intereses políticos o electorales.
Cabe resaltar que el episodio tomó relevancia luego de que el video circulara ampliamente en redes sociales y fuera objeto de debate público, en medio del actual contexto político y electoral del país. Incluso, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el caso en sus redes sociales.
Tras conocerse el material, la Registraduría aseguró que actuó de manera inmediata para garantizar el cumplimiento de las normas que rigen la función pública.
La investigación disciplinaria continúa en curso y será la autoridad competente dentro de la entidad la que determine si la funcionaria incurrió en una falta y cuáles serían las eventuales sanciones.
Paola Andrea Martínez Burgos
