Reforma pensional: a la espera del pronunciamiento de la Corte Constitucional

¿Está la reforma lista para ser implementada?

La expectativa crece en torno a la reforma pensional, cuyo futuro está en manos de la Corte Constitucional, que esta semana analizará su implementación, los retos que enfrenta y los cambios que entrarán en vigor el próximo 1 de julio. Aunque el presidente Gustavo Petro sancionó la ley el 9 de julio de 2024, el pronunciamiento del alto tribunal será clave para determinar si algunos artículos requieren ajustes. Esto no detiene automáticamente su aplicación, pero sí podría modificar aspectos fundamentales a medida que avance el estudio jurídico.

Uno de los puntos que más interés ha generado es el nuevo pilar contributivo, que convertirá a Colpensiones en la principal administradora de los aportes de trabajadores que ganan hasta 2,3 salarios mínimos. Desde el Ministerio de Trabajo explican que “se trata de un cambio estructural que reorganiza el sistema en cuatro pilares, buscando ampliar la cobertura y garantizar una renta básica para los adultos mayores”. A partir de julio, todas las personas afiliadas deberán empezar a cotizar bajo esta nueva estructura.

Sin embargo, existen preocupaciones jurídicas sobre ciertos aspectos. Expertos en derecho constitucional advierten que la Corte deberá evaluar si hubo una “desconexión entre Cámara y Senado” durante el trámite legislativo, especialmente en las modificaciones introducidas en la conciliación. También se analizará si la ley garantiza sostenibilidad fiscal y equidad intergeneracional, dos principios clave para la viabilidad del sistema en el largo plazo.

Otro cambio relevante es la deducción directa de aportes a la nómina, lo que permitirá que Colpensiones retenga automáticamente el porcentaje correspondiente de cada trabajador, incluyendo a quienes tienen contratos por prestación de servicios. Aunque esto facilitaría el recaudo, ha generado dudas sobre su implementación en pagos variables o informales. “El nuevo sistema implica más responsabilidades para empleadores y mayor vigilancia sobre los aportes”, señaló Andrés Velasco, viceministro de Empleo y Pensiones.

Uno de los puntos más debatidos es la “ventaja de oportunidad”, un mecanismo que permitirá a las personas que no cumplen los requisitos para pensionarse recibir un beneficio proporcional a lo que han cotizado. Si bien esto mejora la cobertura, el monto dependerá de la edad, las semanas aportadas y el valor acumulado, lo que ha generado inquietudes sobre cómo se financiará sin afectar el equilibrio del sistema.

Finalmente, la Corte Constitucional también revisará si el manejo centralizado de los aportes en Colpensiones puede operar paralelamente con la libertad de elección entre fondos públicos y privados. Aunque la reforma mantiene los fondos privados para quienes ganan más de 2,3 salarios mínimos, su participación se reduce y se han presentado cuestionamientos en algunos sectores. “La implementación será gradual, pero requerirá una coordinación técnica importante entre entidades”, afirman desde la Superintendencia Financiera.

La reforma avanza, pero la incertidumbre sigue presente. Mientras el Gobierno la presenta como una conquista social, la Corte Constitucional tendrá la última palabra sobre su legitimidad. Los próximos días serán decisivos para el futuro del sistema pensional en Colombia.

JUAN JOYA