Reforma a la Ley 30 de Educación: ¿cuál es la propuesta del Gobierno para mejorar el financiamiento a la educación?

Desde septiembre de 2024, el Ministerio de Educación, en cabeza del ministro Daniel Rojas, radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley con el que se busca reformar la financiación de las instituciones de educación superior públicas del país, y con ello salvar a estas de la crisis financiera que actualmente atraviesan.

Sin embargo, y aunque se trataba de un proyecto prioritario para el Gobierno, la discusión se dio el pasado 16 de diciembre, en el último día de sesiones ordinarias en el Senado. La ponencia en primer debate contó con la presencia del ministro de Educación Daniel Rojas, y el viceministro, Ricardo Moreno, quienes presentaron la iniciativa con el nombre de ‘Acuerdo Nacional por el Rescate Financiero de la Educación Superior Pública’.

Con ponencia del senador Pedro Hernando Flórez Porras, Pacto Histórico, la discusión en primer debate no alcanzó a culminar dado que para entonces los senadores debían atender al llamado de la plenaria para la discusión de proyectos que estaban en su segundo debate y en riesgo de ser archivados.

La propuesta radica en modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 que establecen el mecanismo con el que se incrementan los recursos destinados por la Nación a las universidades públicas del país. Al reformar el artículo 86, buscan que los aportes del Presupuesto General de la Nación y los de las entidades territoriales asignados a las universidades estatales se calculen tomando como base el presupuesto asignado a cada universidad en el año inmediatamente anterior por ese mismo concepto y ajustándose como mínimo cada año por el Índice de Costos de la Educación Superior – ICES – de las universidades estatales, calculado por el DANE.

“Con este cambio lograremos la construcción de nuevas sedes educativas, lo que permitirá ampliar la cobertura y garantizar el acceso a educación superior a un mayor número de jóvenes”, dijo el senador Pedro Flórez.

Entre tanto, cambiando el art. 87, buscan que el Gobierno Nacional incremente sus aportes para las universidades nacionales, departamentales y municipales, en un porcentaje no inferior al 70% del incremento real del Producto Interno Bruto, y no en un 30% como está en la actualidad. Estos recursos no harán parte de la base presupuestal de las universidades estatales u oficiales.

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Según explica el texto, la ley pretende atender la problemática estructural de financiación de las IES públicas, definiendo un nuevo modelo, que permita la sostenibilidad del sistema de educación superior pública en el mediano y largo plazo, garantizando el cierre de brechas regionales y poblacionales, creando así condiciones necesarias para lograr mejoras sustantivas en cobertura, regionalización, permanencia, calidad, pertinencia, bienestar, dignificación de la labor docente, entre otros.

La idea de origen gubernamental establece, a su vez, la creación de un artículo nuevo, el art. 86 a, que argumenta que la Nación incorporaría recursos del Presupuesto General de la Nación equivalentes al 0,05% del Producto Interno Bruto calculado por el DANE para el año anterior a la entrada en vigencia de esta ley, con el fin de constituir la base presupuestal de las Instituciones Técnicas Profesionales, Instituciones Tecnológicas, Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas estatales, incluidas aquellas que son establecimientos públicos del orden territorial cuya norma de creación no vincula a la Nación en su esquema de financiación.

Este era uno de los llamados hechos tanto por el movimiento estudiantil, los rectores de las universidades privadas y expertos del sector, quienes durante años han reclamado que se utilice el ICES, al ser este más cercano a las verdaderas necesidades de las instituciones.

El senador ponente explicó que el esquema actual de financiación de las IES públicas depende del IPC para ajustes, lo que no refleja los costos reales del sector. Además, las Instituciones Técnicas Profesionales, Tecnológicas y Universitarias (ITTUs) están excluidas de este esquema, limitando su capacidad de crecimiento y sostenibilidad.

“Esta reforma es clave para reducir las desigualdades, ampliar cobertura y fortalecer la calidad educativa en el país. Estamos frente a un proyecto de ley que representa una oportunidad para el Congreso de cumplirle a la educación pública de nuestro país. La ley actual tiene cerca de 30 años. Necesitamos ajustarnos a las necesidades nuevas del sector”, indicó el senador ponente.

Este proyecto de ley será prioridad en la agenda de la Comisión Sexta para este año.

Paola Martínez Burgos