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Sigue la discusión de la iniciativa que busca restaurar principios del sistema penal acusatorio para garantizar una justicia más pronta y eficaz a las víctimas y la sociedad.
Este lunes, el presidente de la Corte Suprema, el magistrado Gerson Chaverra, y la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, defendieron ante la Comisión Primera del Senado, en una audiencia pública, el proyecto de reforma a la justicia que será discutido en el Senado en los próximos días.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema defendió el proyecto, refiriéndose concretamente a los puntos que abordan las condenas a violadores de niños, afirmando que el 70% de los casos de la Sala de Casación Penal corresponden a delitos contra menores de edad.
“Es un dolor profundo que evidenciamos todos los miércoles, cuando nos corresponde conocer la cantidad de proyectos que llevamos a sala; el 70% de los procesos está relacionado con delitos cuyas víctimas son niñas, niños y adolescentes, y su mayor incidencia son los delitos que afectan la libertad e integridad sexual de estos menores”, expresó el magistrado Chaverra.
Adicionalmente, mencionó que el caso de Sofía Delgado genera un dolor “profundo”, debido a que, además de administrar justicia, los magistrados de la Corte Suprema son padres de familia: “Eso es un dolor constante. Lo que ocurrió el viernes nos llena de profunda tristeza porque somos administradores de justicia, pero también somos padres de familia, pertenecemos a un conglomerado social, y todo ese tipo de ataques contra la libertad, contra la dignidad sexual de los menores, realmente nos afecta.”
El presidente de la Corte insiste en que hay muchas barreras para adelantar casos de delitos contra menores, lo que complica el testimonio de la víctima. Además, resaltó que las demoras benefician la prescripción de los delitos, permitiendo la libertad de los acusados y perpetuando casos como el de Sofía Delgado.
En cuanto a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, la funcionaria explicó que apenas el 5% de los casos de la justicia llegan a etapa de juicio, pero aun así, ese porcentaje tiene colapsado el sistema judicial colombiano. La funcionaria resaltó que imponer una pena es un mecanismo de retribución, reparación y reconstrucción del tejido social.
“A juicio llega si acaso el 5% de la delincuencia real que tenemos en el país, y ese 5% tiene colapsados a los jueces. Y nosotros lo que necesitamos es repensarnos muy bien cuál es el sistema de justicia que tenemos. La pena es retribución, sí, claro, la pena es retribución, pero la pena también es resocialización”, afirmó la fiscal.
A su vez, la Procuraduría General de la Nación reiteró su oposición frente a la propuesta de rebaja de penas en delitos sexuales, incluida en el artículo 7 del Proyecto de Ley 281 de 2024, que actualmente se discute en el Congreso de la República.
En el marco de la audiencia pública de la reforma a la justicia, el Procurador Delegado ante la JEP, Christian Wolffhügel, reclamó las posibles consecuencias que esta medida podría tener para la protección de las víctimas de violencia sexual y el adecuado funcionamiento del sistema penal colombiano.
En su intervención, el delegado resaltó que los problemas de dilación de los procesos penales se solucionan con medidas vigentes y no con la rebaja de penas a agresores de niños y niñas, siendo las investigaciones robustas y adecuadas de los delitos la clave para garantizar justicia a las víctimas. Finalmente, la Procuraduría reafirmó su postura institucional de que la justicia debe garantizar sanciones proporcionales a la gravedad de los delitos, sin socavar los derechos de las víctimas.
Juan Joya
