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El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha admitido un preocupante repunte de la violencia en el departamento de Antioquia, particularmente en la zona norte y el Bajo Cauca. Asimismo, reveló durante una visita reciente que las disputas territoriales entre estructuras armadas ilegales han escalado, obligando al Gobierno a lanzar una ofensiva militar.
Según el alto funcionario, la intensificación de los enfrentamientos responde al control de rutas de narcotráfico, puntos de minería ilegal y corredores estratégicos. En dicho escenario destacan dos grupos: Clan del Golfo y las Disidencias del Frente 36 de las FARC, cuyos combates han provocado homicidios, amenazas y desplazamientos de comunidades campesinas.
El ministro Sánchez indicó que “no hay ningún tipo de cese al fuego con organizaciones criminales. En Antioquia se han desarrollado más bombardeos que en cualquier otro departamento durante este año.”
Para hacer frente a la crisis, el Ministerio de Defensa ha dispuesto un plan operativo que incluye el envío de 200 soldados adicionales a las zonas más afectadas. Además, la incorporación de embarcaciones fluviales y tecnología aérea, para reforzar la vigilancia en territorios de difícil acceso.
También, el despliegue de drones de reconocimiento, unidades especializadas de inteligencia y presencia militar permanente en municipios como Briceño, Tarazá, Anorí, El Bagre y Valdivia. Así como la conformación de una fuerza especial antes del 15 de noviembre para erradicar la minería ilegal en el Bajo Cauca, integrada por Ejército, Policía Ambiental y Fuerza Aérea y una estrategia de prevención del reclutamiento infantil, mediante jornadas educativas, presencia de psicólogos y programas sociales focalizados en jóvenes rurales.
Por su parte, la Gobernación de Antioquia anunció la creación de un fondo de emergencia para asistir a las familias desplazadas, al tiempo que el gobernador Andrés Julián Rendón exigió presencia institucional permanente para evitar que las comunidades sigan perdiendo sus territorios.
El ministro Sánchez destacó que el verdadero foco del conflicto es la economía ilegal: “Estas organizaciones ponen a las comunidades a depender del negocio criminal. Cuando se rompen los acuerdos entre ellos por las rutas o los precios, las disputas derivan en asesinatos y ataques indiscriminados.”
Cabe resaltar que en las últimas semanas, la situación en el norte de Antioquia ha dejado más de 2.700 personas desplazadas, con el municipio de Briceño como el más afectado. La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación han instado al Gobierno a activar rutas urgentes de atención para las comunidades víctimas.
En ese sentido, la articulación entre Gobierno nacional, fuerzas de seguridad y autoridades locales será clave para evitar que los territorios queden bajo dominio de estructuras armadas y que las comunidades rurales sean desplazadas nuevamente.
Paola Martínez Burgos
