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¿Por qué las comunidades indígenas y afrocolombianas son las más afectadas por esta problemática?
La problemática del reclutamiento forzado de menores en Colombia durante el año 2024 dejó cifras alarmantes que evidencian la gravedad del conflicto armado en el país. Según datos suministrados por la Defensoría del Pueblo, al menos 533 niños y adolescentes fueron víctimas de este crimen, siendo la mayoría de ellos pertenecientes a comunidades indígenas.
La entidad confirmó que de los menores afectados, 323 eran niños y 210 niñas. Asimismo, más de la mitad de los reclutados (267) pertenecían a comunidades indígenas, mientras que otros 32 eran afrocolombianos, 157 no se reconocieron en ningún grupo étnico y 77 casos carecen de información adicional.
Entre los principales responsables de estos hechos destaca el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, con un total de 202 casos de menores reclutados. Otras disidencias de la guerrilla se atribuyen 180 casos, mientras que grupos armados no identificados fueron responsables de 93. Además, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) sumó 16 casos, la Segunda Marquetalia registró 15 y el Clan del Golfo, 14 casos. Organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y el crimen organizado también participaron, aunque en menor medida, con seis víctimas reportadas.
En términos geográficos, en el suroeste del país, el departamento del Cauca fue el más afectado con 359 casos registrados. Le siguieron Antioquia y Norte de Santander con 25 casos cada uno, mientras que Putumayo y Valle del Cauca contabilizaron 21 casos respectivamente. Arauca y Vaupés también reportaron incidencias, con 11 y 9 casos cada uno.
El análisis mensual de los hechos arrojó que enero y marzo fueron los períodos con mayor cantidad de reclutamientos, con 77 y 68 casos respectivamente, mientras que septiembre fue el mes con menor incidencia, reportándose 18 casos.
La Defensoría del Pueblo expresó preocupación por el subregistro de este tipo de delitos, señalando que buena parte de los casos no son denunciados debido al miedo de las víctimas y sus familias. “El Cauca sigue siendo el departamento con más casos y el subregistro es preocupante. Urge fortalecer entornos protectores, escuelas y comunidades para prevenir esta violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH)”, destacó la entidad.
En un llamado urgente, la Defensoría solicitó la implementación de canales seguros y efectivos de denuncia que permitan a las víctimas reportar estos delitos sin poner en riesgo su seguridad. La entidad también instó a las autoridades competentes a investigar y judicializar a los responsables de esta violación a los derechos humanos que afecta especialmente a las poblaciones más vulnerables.
En lo corrido de este año, la Defensoría ha reportado 13 nuevos casos de menores reclutados en Colombia, nueve de ellos niñas indígenas. Este oscuro panorama reitera la necesidad de fortalecer políticas públicas y mecanismos de protección para garantizar los derechos de la infancia y adolescencia frente a la violencia que representa el conflicto armado en Colombia.
Juan Joya
