Reclutamiento de menores en Colombia: Cámara aprueba ley que eleva penas hasta 50 años de prisión

La Cámara de Representantes dio luz verde a una de las iniciativas más contundentes de los últimos años para enfrentar el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados y organizaciones criminales. La nueva ley, impulsada por el presidente de la Cámara, Julián David López Tenorio, endurece las penas contra los responsables, fortalece las estrategias de prevención y crea nuevos mecanismos de seguimiento para proteger a la niñez colombiana.

Tras cerca de dos años de discusión legislativa, el proyecto logró el respaldo de diferentes sectores políticos y quedó listo para convertirse en ley. La iniciativa surge como respuesta a una problemática que, según cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ha afectado a aproximadamente 20.000 menores de edad en Colombia, una cifra que refleja la magnitud de un fenómeno considerado un crimen de lesa humanidad.

Penas de hasta 50 años para quienes recluten menores

Uno de los puntos centrales de la nueva legislación es el incremento significativo de las sanciones penales para quienes vinculen menores de edad a actividades ilícitas o grupos armados.

La norma modifica el artículo 162 del Código Penal, relacionado con el reclutamiento de menores, aumentando la pena máxima de prisión de 13 a 50 años. López Tenorio destacó que las condenas actuales resultaban insuficientes frente a la gravedad del delito, por lo que ahora los responsables enfrentarán castigos mucho más severos. “Hoy los reclutadores de menores pagan 13 años. Lo incrementamos hasta 50 años”, explicó.

Asimismo, la ley reforma el artículo 188 del Código Penal, referente a la utilización de menores para la comisión de delitos. Las personas que instrumentalicen a niños y adolescentes para actividades criminales podrán ser condenadas hasta a 45 años de cárcel. Según el congresista, quienes antes enfrentaban penas cercanas a los 10 años ahora recibirán sanciones acordes con la gravedad de sus actos.

La ley se basa en cuatro pilares de protección

Además del endurecimiento de las penas, la iniciativa incorpora una estrategia integral enfocada en la prevención y la protección de la niñez.

Uno de los ejes más relevantes obliga a entidades como el Ministerio TIC, RTVC, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Defensoría del Pueblo a coordinar acciones para prevenir el reclutamiento mediante plataformas digitales y redes sociales. La intención es cerrar espacios que puedan ser utilizados por organizaciones criminales para captar menores a través de internet.

“Muy cuidado con esto, para que desde las plataformas digitales, entiéndanse las redes sociales, puedan tener un control y no se nos reclute los menores por allí”, señaló López Tenorio al explicar los alcances preventivos de la norma.

Otro de los componentes fundamentales será la creación del Observatorio Nacional de Reclutamiento y Uso de Menores, una instancia que tendrá la tarea de recopilar información, monitorear tendencias y fortalecer las políticas de prevención en todo el territorio nacional.

Una respuesta frente a una realidad alarmante

Durante la presentación de la iniciativa, el presidente de la Cámara advirtió sobre el impacto que ha tenido este fenómeno en miles de familias colombianas. De acuerdo con datos citados de la JEP, cerca de 20.000 niños y niñas han sido víctimas de reclutamiento en los últimos años, una situación que calificó como profundamente preocupante.

“Eso es gravísimo. Son 20.000 sueños y vidas y familias que quedaron atormentadas con este flagelo”, expresó el congresista al referirse a las consecuencias humanas y sociales de este delito.

La norma castiga a los reclutadores, no a los menores

López Tenorio insistió en que la ley está diseñada para perseguir penalmente a los adultos responsables del reclutamiento y la utilización de menores, no a las víctimas.

El objetivo es proteger a los niños y adolescentes que son instrumentalizados por estructuras criminales, garantizando que la acción de la justicia recaiga exclusivamente sobre quienes promueven o facilitan estas conductas.

“Correcto. No para los menores de ninguna manera. Para las personas mayores de edad que recluten menores”, enfatizó el presidente de la Cámara.

Explicó además que quienes utilicen menores para explotación sexual o para cometer delitos podrán recibir condenas de hasta 45 años de prisión, mientras que aquellos que los incorporen a actividades armadas o estructuras criminales enfrentarán penas de hasta 50 años.

“Lo que pretende este proyecto de ley es proteger a los menores”, reiteró.

Un mensaje para la justicia y la comunidad internacional

El congresista aseguró que la nueva legislación busca fortalecer la respuesta institucional frente a un delito que históricamente ha sido cuestionado por la baja severidad de las condenas.

La aprobación de esta norma envía una señal clara sobre la voluntad del Estado colombiano de combatir una conducta reconocida internacionalmente como crimen de lesa humanidad. Según López Tenorio, la sociedad colombiana tiene la responsabilidad de rechazar de manera contundente cualquier forma de utilización de menores en actividades ilegales.

“Se está enviando un mensaje como sociedad”, afirmó.

El legislador agregó que las nuevas penas buscan sancionar de manera ejemplar a quienes obligan a niños y adolescentes a participar en delitos o conflictos armados. “Estas personas cogen un menor, lo ponen a delinquir, lo ponen de campanero en una esquina y, lo peor de todo, le ponen un fusil en el hombro para que vaya a combatir en una guerra que no les pertenece”, manifestó.

Los proyectos que el Congreso buscará aprobar antes del cierre de la legislatura

A pocas semanas de concluir el actual periodo legislativo, López Tenorio señaló que el Congreso concentrará esfuerzos para sacar adelante varias iniciativas que se encuentran en su fase final de discusión.

Entre los proyectos priorizados mencionó la jurisdicción agraria, considerada una de las principales apuestas legislativas; la iniciativa de alimentación universitaria, que pretende ampliar el alcance del Programa de Alimentación Escolar (PAE) hacia estudiantes de educación superior; y un proyecto orientado a fortalecer la protección de los consumidores.

“Queremos que rápidamente salgan adelante. Son proyectos muy importantes que están en último debate”, concluyó.

La aprobación de esta ley representa uno de los principales logros legislativos del actual periodo en materia de protección de la niñez y marca un endurecimiento sin precedentes de la política criminal colombiana frente a uno de los delitos que más ha afectado a miles de menores y familias en el país.

Sala Digital Colmundo