Rebelión de 17 gobernadores sacude al Gobierno por decreto de emergencia económico

Este jueves 15 de enero se encendió la coyuntura política tras la reacción de varios gobernadores que, desde las regiones, anunciaron su rechazo al decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno de Gustavo Petro. Los mandatarios advierten afectaciones directas a las finanzas locales y a la continuidad de programas esenciales en áreas como salud, educación y deporte.

El pronunciamiento se produjo luego de un encuentro entre mandatarios departamentales, en el que al menos 17 gobernadores acordaron actuar de manera coordinada frente a la medida. El bloque regional, integrado por líderes de Atlántico, Tolima, Chocó, Risaralda, Nariño, Meta, Amazonas, Guainía, Huila, Putumayo, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Caquetá, Caldas, Quindío, Valle del Cauca y Antioquia, informó que adoptará acciones conjuntas para controvertir la decisión del Gobierno nacional y defender la autonomía fiscal de sus territorios.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, criticó la medida y alertó sobre sus consecuencias. “Ahí sí que no vamos a tener recursos para salud, educación ni deporte, que son fundamentales”, afirmó. Según explicó, el incremento del impuesto podría generar un aumento del contrabando y una reducción significativa de los ingresos departamentales. A su juicio, la afectación no será marginal, sino estructural, especialmente en regiones donde estos tributos representan una de las principales fuentes de financiación social.

En ese sentido, también cuestionó que, según el decreto, parte de los recursos recaudados se concentren en el Gobierno central. “Los ingresos que generen los impuestos se van a venir para el Gobierno nacional, mientras el impacto de las finanzas disminuidas va a quedar en las regiones”, señaló. La mandataria insistió en que los recursos provenientes del licor y el cigarrillo son claves para sostener programas de salud, educación y deporte. Incluso advirtió que, por el contrabando, algunos departamentos ya enfrentan dificultades para cumplir obligaciones como los pagos al régimen subsidiado de salud.

Frente a este panorama, Toro confirmó que se presentará un documento ante la Corte Constitucional para que evalúe los efectos negativos de la medida. “No solamente son impactos financieros, sino sobre derechos fundamentales como la salud y la educación, y por eso vamos a poner también una tutela”, indicó. Cada gobernador interpondrá una acción judicial, respaldado por un concepto jurídico de la Federación Nacional de Departamentos.

La gobernadora precisó que la decisión de no aplicar el decreto en materia de impuesto al consumo ha sido adoptada de manera colectiva. “Hemos tomado la decisión de hacerlo todos. Hasta ahora, los 17 que estamos aquí hemos dicho que sí lo vamos a hacer”, afirmó, al aclarar que la postura se limita al impoconsumo y no al IVA. Según explicó, cada departamento actuará conforme a sus particularidades, pero bajo una posición común frente al decreto del Gobierno nacional.

Desde el Ejecutivo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó la postura de los mandatarios regionales y advirtió posibles consecuencias legales. “Es un mal ejemplo que los gobernadores estén invitando a no acatar la ley. La Corte Constitucional es quien tiene esa función”, sostuvo. Benedetti aseguró que desconocer el decreto podría constituir una usurpación de funciones y derivar en prevaricato. Además, señaló que los gobernadores podrían responder con sus propios recursos por los dineros que el Gobierno pretende recaudar con los nuevos impuestos.

Dayineth Isabel Molina Velásquez