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1 octubre, 2025El presidente del Concejo de Bogotá, Samir Abisambra, reveló un preocupante panorama sobre el estado de las obras públicas en la capital. De acuerdo con cifras del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), hasta agosto de este año Bogotá registró 58 contratos de obra pública y 347 frentes de obra activos.
Sin embargo, la situación dista de ser alentadora:
· Solo 16 contratos avanzan sin retrasos.
· 35 presentan demoras significativas.
· 7 permanecen suspendidos.
Algunos proyectos, incluso, se arrastran desde hace más de seis años. Es el caso de la construcción en la Avenida Novena entre calles 170 y 193, en Usaquén, iniciada en febrero de 2018 y cuya entrega está prevista para el último trimestre de 2025.

Abisambra advirtió que varios contratos superan los siete años de ejecución debido a los constantes aplazamientos, con efectos directos sobre la movilidad y la seguridad. Bogotá ya ocupa el noveno lugar en Suramérica en mayor tiempo de viaje, según indicadores de tráfico. Además, las obras inconclusas generan un ambiente de abandono que, bajo la llamada “teoría de las ventanas rotas”, favorece la percepción de inseguridad y facilita la comisión de delitos.
Las cifras revelan que los retrasos más críticos se concentran en:
Chapinero, Ciudad Bolívar, Bosa, Mártires, Puente Aranda, Usaquén, Suba y Kennedy.
Si bien la administración del alcalde Carlos Fernando Galán ha entregado varias infraestructuras a la ciudad, existen al menos siete obras habilitadas parcialmente que aún no cuentan con su finalización total.
Entre las empresas con mayor número de contratos y frentes de obra figuran:
· Consorcio Eucarístico Carrera 68
· Consorcio Infraestructura Av. 68
· Constructora Concreto S.A.
· Consorcio Ciclorrutas BOG Grupo 5
Ante este panorama el concejal Abisambra instó a la Administración Distrital a fortalecer la selección de contratistas, exigiendo mayores requisitos técnicos, financieros y de experiencia. También planteó el uso de tecnologías de supervisión en tiempo real, como tableros de control públicos y digitales, para facilitar la veeduría ciudadana y evitar que los proyectos se conviertan en focos de retraso e inseguridad.
Paola Martínez Burgos




