Proyecto del Ministerio de Salud podría mover millones de afiliados entre EPS

¿Puede el Gobierno ordenar ese traslado sin pasar por una reforma aprobada por el Congreso?

La Mesa Nacional de Asociaciones de Usuarios en Salud emitió una alerta nacional ante lo que considera cambios administrativos de alto impacto en el sistema de salud colombiano, tras la publicación de un proyecto del Ministerio de Salud abierto a comentarios públicos. Según el documento, la iniciativa permitiría el traslado masivo de afiliados entre EPS, una medida que, advierten, podría agravar la actual crisis humanitaria que enfrentan usuarios, pacientes y personal del sector.

De acuerdo con la alerta, el proyecto plantea una modificación estructural del sistema mediante un proceso de “habilitación de EPS basado en criterios territoriales”, lo que abriría la puerta a traslados obligatorios de afiliados hacia entidades actualmente intervenidas por el Estado. La Mesa sostiene que esta medida se tramita por vía administrativa y no a través de una reforma aprobada por el Congreso, lo que genera inquietudes sobre su alcance y legalidad.

El borrador señala que el eventual traslado afectaría a más de 6.600.000 usuarios. Entre los movimientos descritos se encuentra el traslado de 3.198.875 afiliados a la Nueva EPS, 289.262 usuarios a Savia Salud y 533.429 afiliados a la EPS S.O.S., entre otros cambios. Según la Mesa, estas decisiones se producirían “sin permitir el ejercicio del derecho de libre elección de EPS”.

Uno de los puntos centrales de la alerta es que los usuarios trasladados serían enviados a EPS intervenidas, entidades que, según se advierte, presentan limitaciones en su capacidad de prestación de servicios. En ese escenario, la Mesa considera que podrían vulnerarse derechos fundamentales, en especial en territorios donde ya existen dificultades de acceso, oportunidad y continuidad en la atención en salud.

La advertencia se conoce en medio del estancamiento de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado, la controversia alrededor del aval fiscal del proyecto gubernamental y la suspensión judicial del Decreto 0858 de 2025 por parte del Consejo de Estado. Ese decreto buscaba implementar cambios estructurales al sistema sin trámite legislativo completo, decisión que fue frenada mientras se resuelven de fondo las demandas en su contra.

En su comunicado, la Mesa Nacional de Asociaciones de Usuarios en Salud también cuestiona que, pese a informes de la Contraloría General y a declaraciones públicas del Gobierno reconociendo dificultades en EPS intervenidas, estas entidades continúen recibiendo un mayor volumen de afiliados. La organización sostiene que la situación actual “puede generar un agravamiento de la crisis humanitaria en salud” si se concreta el traslado masivo en los términos planteados.

Finalmente, la alerta sostiene que los cambios propuestos tendrían efectos directos sobre millones de usuarios del sistema, en un momento en el que no se han solucionado los problemas financieros, administrativos y de prestación de servicios, y cuando el rediseño del modelo de salud continúa sin una definición legislativa clara.

Juan Joya