¿Cuáles fueron las razones detrás de esta decisión?
La Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión inmediata de una licitación en el municipio de Soledad, Atlántico, por un monto de $80.116 millones. La decisión se tomó tras identificar serias irregularidades en los pliegos del proceso, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y viabilidad del mismo. La obra contemplada en la licitación consiste en el mejoramiento con pavimento rígido de 3,2 kilómetros de la avenida Circunvalar, una de las vías más transitadas del área metropolitana de Barranquilla.
El organismo de control, a través del procurador delegado para la vigilancia preventiva de la función pública, le notificó a la administración municipal sobre las deficiencias detectadas en el proceso de contratación. Entre las omisiones identificadas se encuentran la ausencia del Análisis de Precios Unitarios, la falta de una evaluación financiera y económica que sustente la conveniencia del proyecto, y la carencia de condiciones claras en aspectos contractuales esenciales como la forma de pago, las obligaciones del contratista y las sanciones en caso de incumplimientos.
En un documento oficial con carácter urgente, la Procuraduría solicitó a la Alcaldía de Soledad suspender los trámites del proceso de selección y evaluar la posible revocatoria del acto administrativo que habilitó la licitación, debido a que las inconsistencias detectadas podrían derivar en la nulidad del contrato. En respuesta, la administración municipal expidió el pasado 22 de mayo una resolución en la que anunció la suspensión temporal del proceso hasta el 27 de mayo, con el propósito de atender los requerimientos de información formulados por el ente de control. Según fuentes oficiales, ya se han cargado algunos documentos exigidos, pero se espera completar la entrega en los próximos días.
El caso se produce en un marco de creciente tensión política en Soledad. La alcaldesa Alcira Paola Sandoval enfrenta un proceso de revocatoria de mandato impulsado por un comité promotor, el cual entregó más de 85.000 firmas ciudadanas ante la Registraduría Nacional como respaldo a la iniciativa. La situación ha generado incertidumbre sobre el futuro de la administración municipal y el avance de proyectos estratégicos en la localidad.
La suspensión de la licitación en Soledad pone de manifiesto la importancia de garantizar la transparencia y el cumplimiento de los requisitos legales en la contratación pública. La Procuraduría mantiene su vigilancia sobre el proceso y evaluará el cumplimiento de los estándares legales exigidos para prevenir posibles irregularidades que puedan comprometer la ejecución del proyecto y la correcta utilización de los recursos públicos. Se espera que la administración municipal emita nuevas declaraciones en los próximos días sobre los avances en la actualización de los pliegos y las medidas adoptadas para subsanar las falencias que hoy son noticia.
Juan Joya