Procuraduría solicita sanción para Ricardo Roa por irregularidades en financiación de campaña presidencial

¿Qué sanciones podrían aplicarse a Roa y a los otros implicados en el proceso?

La Procuraduría General de la Nación solicitó al Consejo Nacional Electoral sancionar a Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol, por presunta violación de los límites de financiación en la campaña presidencial de Gustavo Petro para el periodo 2022-2026. Según el organismo de control, Roa habría ejecutado maniobras para ocultar información sobre gastos durante la segunda vuelta electoral, incluyendo irregularidades en el registro del alquiler del Movistar Arena, cuyo valor real era de 250 millones de pesos, pero que fue reportado por 150 millones de pesos. La diferencia habría sido cubierta por Servired S.A.S., lo que representa una acción prohibida por la ley.

La Procuraduría también advirtió que el gasto total reportado para la primera vuelta ascendió a 28.334 millones de pesos, pero al sumar otros valores omitidos, el monto habría superado en 154 millones el límite establecido por el CNE, fijado en 28.536 millones de pesos. Como consecuencia, la entidad pidió sanciones no solo para Roa, sino también para Lucy Aydee Mogollón, tesorera de la campaña, y los auditores María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus, quienes deberían pagar una multa equivalente al 1 % del valor desembolsado por el Estado para la segunda vuelta presidencial.

Adicionalmente, la Procuraduría solicitó el cierre de otros cargos contra Roa, relacionados con supuestos aportes de organizaciones sindicales como Fecode y la Unión Sindical Obrera. Tras analizar las pruebas, la entidad concluyó que los recursos de USO no fueron entregados a la campaña, sino utilizados por la propia organización, lo que eximía a la campaña de registrarlos. En el caso del supuesto aporte de Fecode por 500 millones de pesos, se determinó que este financiamiento fue destinado a Colombia Humana y no a la campaña presidencial, según el testimonio del secretario general de Fecode en 2022.

El proceso sancionatorio avanza dentro de las instancias correspondientes. La investigación iniciada por el CNE el 8 de octubre de 2024 también incluyó cargos contra Gustavo Petro en su rol de candidato, aunque la Corte Constitucional suspendió temporalmente los efectos de dicha acción sobre el presidente, hasta que se determine si el CNE tiene competencia para intervenir en su caso. Entre los actores vinculados al expediente figuran el Movimiento Político Colombia Humana y la Unión Patriótica. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicitó intervenir en el proceso, pero su petición fue rechazada en febrero de 2025.

El Ministerio Público enfatizó en la necesidad de que el CNE resuelva los recursos pendientes de reposición, entre ellos el presentado por la Andje, pues su falta de resolución podría comprometer la validez del proceso sancionador. Los hechos bajo investigación incluyen el exceso en los límites de financiamiento de campaña y la inclusión de recursos no autorizados. La Procuraduría identificó gastos que no fueron reportados, como una factura de 356 millones relacionada con publicidad en Caracol Televisión y el costo del evento en el Movistar Arena para la celebración de la primera vuelta presidencial.

Juan Joya