Procuraduría pide revocar condena contra el expresidente Uribe por “falta de pruebas contundentes”

En la noche del lunes 11 de agosto se conoció que la Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que se revoque la sentencia de primera instancia en la que condenó a 12 años al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

En el documento de 81 páginas y el cual fue firmado por Bladimir Cuadro Crespo, procurador de Intervención 5 y tercero delegado para la investigación y juzgamiento penal, compartieron los argumentos de “disenso” por el cual hacen el pedido al Juzgado 44 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, ente que profirió la sentencia condenatoria el pasado 1 de agosto. Asimismo, indicaron que una vez culminada la lectura del fallo interpusieron un recurso de apelación en contra de la condena.

Es de recordar que el exjefe de Estado recibió una pena de 144 meses en prisión domiciliaria, así como una multa de 2.420 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) y la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 100 meses y 20 días por los delitos mencionados. De acuerdo con la apelación de la Procuraduría, el delegado sostiene que el fallo de Heredia carece de “evidencia contundente que desvirtúe la presunción de inocencia” y presenta varios “yerros probatorios”.

Asimismo, indicaron que para haber concluido que Uribe manipuló testigos, construyó relatos falsos y fue el “verdadero arquitecto” de los crímenes, debieron acudir a una “gran carga subjetiva que es ajena a la valoración adecuada de la prueba, bajo el tamiz” a favor del acusado, cuando su contenido no ofrece total claridad. “Los errores en la apreciación de la prueba, principalmente la incorrecta observación objetiva de la misma, llevaron a la indebida aplicación de la figura de la determinación”, señala una de las conclusiones.

En ese sentido, explicaron que hubo un error de origen al asumir que el exmandatario  empezó a buscar testigos favorables desde 2017, cuando conoció a su primo Mario Uribe Escobar; sin embargo, alegan que esa conclusión no está bien fundamentada. Sobre la supuesta “carta blanca”, manifestaron que Uribe le habría pedido a su abogado, Diego Cadena, para buscar testigos que lo favorecieran, y que Cadena actuó creyendo que todo era culpa del senador por el Pacto Histórico, Iván Cepeda; no obstante, aseguran que esto se basa en suposiciones y no en pruebas sólidas.

Además, expusieron que la Fiscalía General de la Nación intentó demostrar que Uribe instigó a través de intermediarios (como Cadena), pero no logró probar una conexión clara entre lo que el líder del Centro Democrático quería y lo que Cadena hizo. “Por todos estos errores en cómo se valoraron las pruebas y se aplicaron las leyes, la figura de ‘determinador’ (instigador del delito) fue mal usada. Según el texto, esto debió llevar a que Uribe fuera absuelto, porque no se demostró con certeza que él haya instigado los delitos”, se lee en el documento.

Para concluir, señalaron que hubo falta de un análisis más profundo, ya que el juez de primera instancia no examinó bien cada episodio del caso, lo que debilitó la sentencia. “En desarrollo de esta temática, se ha sostenido conceptualmente que debe existir un curso causal continuo que vincule el resultado típico (cuatro sobornos y dos fraudes en primera instancia) con las directrices y posibles consecuencias previstas por el acusado ÁLVARO URIBE VÉLEZ, aunque insistimos en que existen dudas razonables al respecto”.

Dayineth Isabel Molina Velásquez