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El representante a la Cámara David Racero, del Pacto Histórico, enfrenta un juicio de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado por presunto tráfico de influencias ligado a supuestas gestiones de cargos en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Sin embargo, la Procuraduría emitió hoy un concepto favorable al congresista, solicitando que no se efectúe su destitución.
Cabe recordar que la acción disciplinaria contra Racero parte de denuncias basadas en chats de WhatsApp revelados en medios de comunicación, en los cuales el congresista supuestamente busca posiciones en la regional del SENA para allegados, incluido su tío, y coordina con el entonces director de la entidad, Jorge Londoño.
El abogado Samuel Ortiz presentó la demanda ante el Consejo de Estado, argumentando que Racero habría intervenido directamente en concursos de méritos y en el nombramiento de funcionarios en el Cesar.
Durante la audiencia del 8 de octubre, que está siendo concluyente para el proceso de “muerte política”, Racero rechazó las acusaciones y sugirió que el proceso tiene trasfondos políticos. Manifestó que siempre ha respetado las normas y pidió que el caso sea investigado con rigor.
Las partes presentaron sus argumentos ante el magistrado sustanciador, Jorge Iván Duque. La Procuraduría Séptima Delegada, Idairys Yolima Carrillo, tomó posición favorable a Racero durante la audiencia.
El Ministerio Público señaló que en las pruebas presentadas como chats y notas de voz no se demostró de forma inequívoca que Racero ejerciera un “influjo psíquico” derivado de su cargo para imponer una decisión a su favor o de terceros.
Según la delegada Carrillo, los hechos invocados no se ajustan a la tipología legal de tráfico de influencias, y en su criterio, no está acreditado el “elemento objetivo” para justificar la pérdida de investidura.
En consecuencia, la Procuraduría pidió al Consejo de Estado no decretar la muerte política de Racero.
Racero insistió en que no ha cometido actos ilegales ni irregulares y acusó politización del trámite. Aseguró que es “el primer interesado” en que el proceso se esclarezca y pidió que se confíe en la institucionalidad.
La decisión final sobre su investidura dependerá del análisis que realice la Sección Segunda del Consejo de Estado, que valorará si las pruebas son suficientes para declararlo culpable de la causal invocada.
Paola Martínez Burgos
