Procuraduría pide evaluar intervención inmediata de Pijao Salud EPS por millonaria deuda con hospital de Pereira

 La Procuraduría General de la Nación instó a la Superintendencia Nacional de Salud a evaluar una intervención inmediata sobre Pijao Salud EPS, ante la grave crisis financiera que enfrenta la entidad, su incumplimiento en el pago de obligaciones y la falta de compromiso con prestadores de servicios médicos en el departamento de Risaralda.

En desarrollo de su función preventiva, la Procuraduría Regional de Instrucción de Risaralda advirtió que, pese a algunos pagos parciales realizados desde enero de 2024, la EPS adeuda más de $16 mil millones al Hospital Universitario San Jorge de Pereira, cifra que fue confirmada por la Asociación de Hospitales del departamento.

“El sistema de salud en Colombia se encuentra atravesando una crisis estructural”, respondió el gerente de Pijao Salud EPS, al ser consultado por el ente de control. Agregó que enfrentan una “realidad de recursos escasos”, situación que, según indicó, ha agravado aún más la problemática financiera de la entidad.

La Procuraduría también alertó sobre el riesgo de que varias cuentas entren en mora, el crecimiento sostenido de la cartera vencida y la incapacidad de la EPS para responder a sus obligaciones económicas, factores que afectan directamente la atención de los usuarios, muchos de ellos pertenecientes a comunidades indígenas vulnerables.

Ante este panorama, la entidad solicitó a la Superintendencia que, en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, considere tomar el manejo directo y la administración de los recursos públicos asignados a la EPS, con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de salud y proteger los derechos fundamentales de los usuarios del sistema.

La situación de Pijao Salud EPS se suma a las alertas que persisten en el sistema de salud colombiano, marcado por una alta cartera vencida, tensiones financieras y creciente insatisfacción entre los prestadores y pacientes, especialmente en regiones con población indígena y rural. La Superintendencia aún no se ha pronunciado oficialmente sobre la petición del órgano de control.

Humberto ‘Toto’ Torres