Procuraduría abre investigación contra altos funcionarios de Ecopetrol por millonario contrato con empresa internacional

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra tres funcionarios de alto nivel de Ecopetrol por presuntas irregularidades en la adjudicación directa de un contrato por más de 48 millones de dólares con la firma internacional Covington & Burling LLP

El contrato, identificado bajo el proceso Ecopetrol DC-080-2023, fue suscrito por un valor total de 48.216.118 dólares y tenía como objeto la “prestación de servicios profesionales para apoyar a Ecopetrol en la implementación de la estrategia de transición energética y transformación organizacional”. La adjudicación se hizo sin convocatoria pública, lo que activó las alarmas del órgano de control disciplinario.

Los funcionarios investigados por el Ministerio Público son:

• Alberto José Vergara Monterrosa, director corporativo de Cumplimiento de Ecopetrol, quien tiene a su cargo la vigilancia del cumplimiento normativo y ético dentro de la empresa.
• Luis Felipe Rivera García, actual vicepresidente corporativo de Ciencia, Tecnología e Información, encargado de liderar la transformación digital y la estrategia de innovación.
• Ludwig Wilson Mejía, funcionario adscrito a la Gerencia de Abastecimiento, área clave en los procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios.

La Procuraduría busca establecer si estos servidores “desconocieron el manual interno de contratación” de Ecopetrol, al permitir o avalar una adjudicación directa sin que mediara un proceso de selección abierto y competitivo, como lo exigen los procedimientos internos para contratos de alto valor.

El expediente fue formalizado mediante Auto del 20 de junio de 2025, con radicado IUS E-2024-1318406 y número de expediente E-2024-034143, en el que se ordena además la práctica de múltiples pruebas documentales. Entre estas se solicita el contrato completo, estudios previos, actas, certificaciones, conceptos técnicos, soportes de pago, nombres de todos los responsables del trámite, y el concepto de la Oficina de Control Interno.

“El contrato se suscribió sin que se realizara una convocatoria o proceso de selección abierto, situación que podría configurar una vulneración al principio de selección objetiva”, señala el documento emitido por la Procuraduría.

La investigación se encuentra en fase preliminar, por lo que aún no se han formulado cargos ni se ha determinado responsabilidad disciplinaria. No obstante, el proceso busca esclarecer si se incurrió en alguna falta funcional, teniendo en cuenta la naturaleza pública de Ecopetrol y el deber de garantizar la transparencia en el uso de recursos estatales.

Este caso representa uno de los procesos de mayor valor contractual bajo la lupa de la Procuraduría en el sector energético durante 2025, y pone en el centro del debate la vigilancia sobre las decisiones administrativas de las empresas de participación estatal.

Juan Joya