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La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra todos los ministros del presidente Gustavo Petro que firmaron el controvertido decreto que convoca a una consulta popular, ante presuntas irregularidades en su expedición.
La investigación disciplinaria fue motivada por las denuncias de ciudadanos como el concejal Daniel Briceño, del Centro Democrático, y la exdirectora del ICBF Cristina Plazas, quienes alertaron sobre la supuesta inconstitucionalidad del decreto y pidieron que se establecieran responsabilidades por lo que consideran una violación a la separación de poderes y al marco jurídico vigente.
Según la queja presentada, el decreto “es abiertamente contrario a la Constitución” y podría representar un abuso de poder por parte del Ejecutivo. En ese contexto, el Ministerio Público decidió abrir una actuación previa para determinar si los funcionarios involucrados incurrieron en faltas disciplinarias al firmar un acto que, presuntamente, vulnera el orden constitucional.
En una decisión de seis páginas, la Procuraduría advirtió: “En ese orden de ideas, en el caso que ocupa al despacho, se iniciará indagación previa, a la que serán vinculados para que puedan ejercer sus derechos como sujetos procesales”.
Como parte del proceso, se decretó la práctica de pruebas, entre ellas la solicitud de un informe al Senado sobre el trámite legislativo que se le dio a la consulta popular. Asimismo, se exigió a la Presidencia de la República que entregue todos los soportes, documentos, estudios y análisis que sirvieron de base para estructurar y justificar el polémico decreto.
Con esta decisión, la Procuraduría busca establecer si hubo extralimitación de funciones por parte del gabinete ministerial y si la propuesta de someter temas sensibles a las urnas mediante un decreto presidencial viola los principios del Estado de derecho.
La medida se conoce en medio de un creciente debate político y jurídico sobre los alcances de la consulta popular impulsada por el Gobierno, que ha generado fuertes reacciones entre sectores de oposición y académicos constitucionalistas. Mientras tanto, el Ejecutivo deberá responder por los fundamentos de la iniciativa ante el órgano de control disciplinario, que reitera su compromiso con la defensa del ordenamiento jurídico y la vigilancia del comportamiento ético de los servidores públicos.
Humberto ‘Toto’ Torres
