Procurador condena asonadas contra la Fuerza Pública mientras crecen las retenciones de militares en Cauca y Guaviare

Durante la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos en la sede de la Procuraduría, el procurador general Gregorio Eljach Pacheco hizo un llamado claro y contundente: “Los promotores de asonadas contra la Fuerza Pública deben ser perseguidos y encarcelados”. Su mensaje fue en respuesta a recientes incidentes graves donde comunidades, presionadas por grupos ilegales, retuvieron a militares y policías en distintas regiones del país.

“Hay que ponerse en los zapatos de estas comunidades indefensas, sometidas bajo las armas de grupos ilegales que los instrumentalizan y los amenazan”, afirmó el Procurador, subrayando la complejidad del escenario. No obstante, insistió en que, pese a su situación de coerción, quienes participan en estas retenciones cometen un delito que debe ser sancionado.

Eljach Pacheco calificó como “lamentables” episodios como los ocurridos en Caloto (Cauca) y Calamar (Guaviare), donde miembros de la comunidad retuvieron a efectivos de la Fuerza Pública. Aun así, puso en valor la actitud de los uniformados: ofrecen resistencia sin recurrir a la violencia. “Prefieren pasar por esa vergonzosa situación y no levantar un arma, ni siquiera un golpe, contra un civil”, destacó.

Contexto reciente en Colombia

Este llamado de condena se produce en medio de una escalada de asonadas y secuestros de miembros de la Fuerza Pública:

• En La vereda Los Tigres, municipio de El Tambo (Cauca), 72 militares fueron retenidos por unas 600 personas, aparentemente presionadas por la disidencia de las FARC “Carlos Patiño”. En una operación posterior, 45 fueron liberados, pero seguían 27 en cautiverio.
• En Guaviare, otra retención implicó a 33 soldados retenidos temporalmente, una señal de que este tipo de acciones se repite en diferentes regiones.
• En Putumayo se registró un episodio atroz: dos militares fueron rociados con gasolina e intentaron quemarlos vivos durante la destrucción de un laboratorio de cocaína.
• En junio pasado, 57 militares fueron secuestrados por civiles bajo presión de disidencias armadas en una zona montañosa del Cauca.

Estos hechos reflejan un patrón creciente de asonadas en regiones donde el Estado afronta una compleja disputa territorial, marcadas por la influencia de grupos armados ilegales que instrumentalizan a comunidades vulnerables.

En estos contextos, el llamado del Procurador cobra aún mayor relevancia: el Estado debe responder con firmeza y justicia, pero también con una visión empática hacia poblaciones expuestas. La crítica situación exige que se fortalezcan los mecanismos de protección a militares y civiles, mientras se desmantelan las redes de coerción que actúan como fachada de la violencia.

Humberto ‘Toto’ Torres