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¿Es realmente posible garantizar un sistema de salud universal sin la intermediación de las EPS?
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, presentó un borrador de decreto que busca transformar el sistema de salud, introduciendo un enfoque preventivo, predictivo y resolutivo para garantizar el derecho fundamental a la salud. Este decreto sustituye parte del Decreto 780 de 2016 y propone una reorganización significativa en la estructura del sistema de salud, priorizando la atención primaria como eje central. Con esta medida, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) deberán ajustarse a redes territoriales, mientras que las entidades territoriales asumirán un rol más relevante en la gestión de los servicios de salud.
En el documento se plantea el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo como la política oficial de salud del Estado. Este modelo busca asegurar el acceso equitativo a servicios de promoción, protección y recuperación de la salud, con un enfoque integral que incluye la territorialización de las acciones, la gobernanza colaborativa entre actores del sector y el fortalecimiento de los servicios en el nivel primario a través de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS). Además, enfatiza en el trabajo digno y decente para el personal sanitario, la soberanía sanitaria mediante el desarrollo de tecnología en salud, y la calidad del sistema mediante un Sistema Unificado de Información.
Conozca el proyecto de Decreto aquí:
A su vez, se establecen las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS), diseñadas para garantizar un acceso equitativo y de calidad. Estas se estructurarán en dos niveles. El nivel primario estará conformado por los CAPS y Equipos de Salud Territorial, que serán el primer punto de contacto para la población y responsables de servicios como adscripción poblacional, vigilancia en salud pública y gestión intersectorial. Por su parte, el nivel complementario atenderá servicios de mediana y alta complejidad. Estas redes estarán organizadas por las entidades territoriales en coordinación con las EPS y otros prestadores de servicios.
El decreto también señala que la gestión de referencia y contrarreferencia estará a cargo de los Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias (CRUE) departamentales y distritales. Además, se prevé el fortalecimiento de la infraestructura de salud pública mediante un Plan Maestro de Inversiones en Infraestructura y Dotación en Salud, con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios y responder de manera efectiva a las necesidades de la población.
Por otro lado, el trabajo digno y decente para el personal de salud se aborda como un pilar esencial. Se busca la formalización laboral, especialmente en el nivel primario, y la implementación de un modelo integral de planificación y gestión del talento humano con un enfoque territorial. En cuanto a la soberanía sanitaria, el decreto propone impulsar la investigación y producción nacional de Tecnologías Estratégicas en Salud (TES) y fortalecer las instituciones clave en este ámbito.
La calidad en el sistema y el manejo unificado de la información también son aspectos destacados en el decreto. Se proyecta la implementación del Sistema Integrado de Información de la Atención Primaria en Salud (SI-APS), el cual integrará datos demográficos, clínicos, epidemiológicos y financieros, entre otros. Este sistema buscará mejorar la interoperabilidad y el monitoreo de los servicios, incluyendo la historia clínica unificada.
En comparación con el proyecto de ley que reforma el sistema de salud y que avanza en el Senado de la República, el decreto mantiene el marco normativo actual, pero introduce modificaciones sustanciales en la operación del sistema. Si bien ambos plantean enfoques similares en atención primaria, territorialización y fortalecimiento de la red pública, el proyecto de ley propone una transformación más integral, incluyendo la sustitución de las EPS por Gestoras de Salud y Vida, la creación del Fondo Único Público de Salud y la centralización del manejo de recursos financieros bajo la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (ADRES).
Con un período de transición de un año para que las entidades y actores del sistema se adecuen a estas medidas, el decreto representa una apuesta ambiciosa por reorganizar el sistema de salud en el país, mejorando el acceso, la calidad y la equidad en la atención sanitaria. Su implementación y los resultados que genere serán claves para evaluar el impacto de este enfoque preventivo y resolutivo en el bienestar de los pacientes. La situación continúa siendo monitoreada y genera un intenso debate en el ámbito público y político sobre el futuro del sistema de salud colombiano.
Juan Joya
