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Se estima un faltante de medio billón de pesos para implementar decisiones judiciales que incluyen reparación a víctimas y trabajos restaurativos en territorios priorizados.
La Contraloría General de la República emitió una advertencia sobre la ausencia de recursos suficientes para implementar las decisiones judiciales de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal creado en el marco del Acuerdo Final de Paz para juzgar crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano. Según el informe oficial, el presupuesto nacional para el año 2025 no contempla los fondos necesarios para ejecutar las sanciones propias que este organismo ha empezado a emitir.
Estas sanciones, conocidas como TOAR —sigla que significa “Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador-Reparador”—, son medidas judiciales que deben cumplir los comparecientes (excombatientes, agentes del Estado u otros responsables) en territorios afectados por el conflicto. Su objetivo es reparar simbólicamente a las víctimas mediante acciones concretas como construcción de infraestructura comunitaria, recuperación ambiental o servicios sociales.
De acuerdo con el informe fiscal, se requiere una asignación de al menos quinientos mil millones de pesos ($500.000.000.000) para garantizar la implementación de estas sanciones. Sin embargo, hasta la fecha, el Ministerio de Hacienda ha girado únicamente veinte mil millones de pesos ($20.000.000.000), lo que representa apenas el 4 % del monto estimado como necesario.
“La Contraloría observa que presupuestalmente no se encuentran los recursos para las TOAR y no se vislumbra la financiación ni la sostenibilidad a mediano y largo plazo de las mismas”, señala el documento oficial. Esta advertencia se conoce en un momento clave, ya que la JEP está próxima a emitir su primera sanción restaurativa en el marco del caso 01, relacionado con secuestros cometidos por exintegrantes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El informe también advierte que no existe una asignación presupuestal específica para cubrir los costos de implementación de las sanciones, ni una ruta clara para la articulación interinstitucional entre entidades como el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Hacienda, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y otras instancias responsables de ejecutar las medidas restaurativas.
Además, se señala que la Jurisdicción Especial para la Paz no cuenta con recursos propios para ejecutar las sanciones, lo que la obliga a depender de la asignación presupuestal del Gobierno Nacional. Esta dependencia, sumada a la falta de previsión fiscal, pone en riesgo el cumplimiento de las decisiones judiciales y la reparación efectiva a las víctimas.
El informe también destaca que la monetización de bienes entregados por las extintas FARC, administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), no ha generado los recursos esperados para financiar las medidas de reparación. Las auditorías realizadas en años anteriores muestran una baja capacidad de gestión sobre estos activos, lo que a la final limita su impacto fiscal.
La advertencia fiscal incluye un llamado urgente a definir un marco normativo y presupuestal que permita la ejecución efectiva de las sanciones propias, así como la sostenibilidad de los proyectos restaurativos en los territorios priorizados. “La falta de recursos puede llevar a la revictimización, frustración de las comunidades y afectación reputacional de la justicia transicional”, concluye el informe.
A la fecha, no se ha informado públicamente cómo se cubrirá el faltante presupuestal ni qué mecanismos se activarán para garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales de la Jurisdicción Especial para la Paz. Una alerta que deja en evidencia una brecha crítica entre los compromisos adquiridos por el Estado colombiano en el marco del sistema de justicia transicional y la capacidad financiera para cumplirlos.
Juan Joya
