Presunto abuso sexual por parte de un urólogo en Medellín: denuncian al menos 25 mujeres

Un reconocido urólogo que ejerce en Medellín ha sido denunciado por al menos 25 mujeres por presunto abuso sexual, hechos que, según los testimonios, habrían ocurrido durante consultas médicas privadas a lo largo de los últimos veinte años. Las afectadas aseguran que las conductas denunciadas se presentaron en el marco de atenciones clínicas y que el profesional continúa en ejercicio.

De acuerdo con los relatos, varias pacientes habrían sido sometidas a tocamientos indebidos y a preguntas de carácter sexual que, según ellas, no correspondían a procedimientos habituales de la urología. Los hechos se habrían concentrado principalmente en un consultorio ubicado en El Poblado, donde el médico atendía citas privadas con tarifas superiores a los $400.000.

La articulación entre las denunciantes surgió cuando una de las pacientes compartió su experiencia con la concejala de Medellín, Camila Gaviria, lo que permitió identificar patrones similares en los relatos de otras mujeres atendidas por el mismo profesional. A partir de ese contacto, las afectadas conformaron un grupo de WhatsApp para brindarse apoyo, intercambiar información y exigir respuestas institucionales.

“Empezaron a darse cuenta de que más mujeres estaban involucradas… casi veinte o veinticinco mujeres que han sido capaces de decir qué les pasó, o que probablemente estuvieron presuntamente siendo víctimas de abuso sexual”, explicó Gaviria.

Ante la gravedad de las denuncias, la Secretaría de las Mujeres de Medellín citó a algunas de las víctimas para activar el “código fucsia”, un protocolo que orienta la presentación de denuncias formales ante las autoridades penales y ofrece acompañamiento psicológico y jurídico.

El caso también cuenta con antecedentes en el ámbito ético-profesional. Según información conocida, en 2018 el Tribunal de Ética Médica impuso al urólogo una suspensión de seis meses, tras una denuncia presentada en 2013 por una paciente que afirmó haber sido víctima de preguntas personales inapropiadas, tocamientos indebidos y actos que afectaron su libertad sexual durante una consulta.

No obstante, el 22 de abril de 2024 un juez administrativo anuló la sanción, argumentando falta de competencia del Tribunal para imponerla. Esta decisión ha suscitado cuestionamientos sobre la eficacia de los mecanismos de control profesional en el sector salud. El Tribunal también habría remitido el caso a la Fiscalía, aunque no se ha esclarecido si el proceso penal avanzó ni si existen medidas judiciales vigentes.

La situación ha generado reacciones en el ámbito político. La concejala Gaviria denunció públicamente el caso y expresó que “seis meses de suspensión no son justicia, son complicidad”, al tiempo que cuestionó que el médico continúe atendiendo pacientes pese a las denuncias y antecedentes conocidos.

Hasta el momento, el urólogo señalado sigue ejerciendo en la ciudad, mientras varias de las mujeres afectadas inician los trámites formales de denuncia. Para las denunciantes, el objetivo central es evitar nuevas agresiones y exigir medidas institucionales contundentes, en un contexto marcado por dudas sobre la respuesta judicial y administrativa frente a hechos de esta gravedad.

Paola Andrea Martínez Burgos