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El presidente Gustavo Petro acató una orden judicial y se retractó públicamente de haber calificado al fiscal Mario Andrés Burgos Patiño como “narcofiscal”. El mandatario publicó su declaración de retractación en la red social X, en cumplimiento del fallo del Juzgado 54 Administrativo del Circuito de Bogotá.
La decisión se produce después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en segunda instancia, ordenara al jefe de Estado rectificar sus declaraciones. El fallo consideró que Petro había afectado los derechos fundamentales del fiscal Burgos al realizar acusaciones sin respaldo probatorio, vinculándolo con el narcotráfico y la protección de implicados en el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.
En su mensaje, el Presidente fue específico: “reconozco expresamente que el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño tiene investigaciones, pero no tiene condenas, ni sanciones judiciales o disciplinarias en su contra a la fecha, y que, como todo ciudadano colombiano goza de la presunción de inocencia consagrada en nuestra Constitución Política”.
La justificación de Petro para sus anteriores señalamientos se enmarcó en el ejercicio de sus funciones. Aseguró que “las manifestaciones que he realizado sobre la actuación profesional del fiscal Burgos constituyen juicios de valor y opiniones críticas emitidas en ejercicio del control político propio de mi investidura”.
El Tribunal había sido contundente al sentenciar que la libertad de expresión no puede convertirse en un instrumento para realizar acusaciones sin fundamento que afecten la imagen o la credibilidad de las instituciones, protegiendo así el derecho al buen nombre y la honra del funcionario judicial.
Pese a la retractación, el mandatario dejó clara su postura sobre el alcance de sus críticas. “Reafirmo mi compromiso con la independencia judicial… al tiempo que mantengo mi prerrogativa constitucional de ejercer la crítica política”, afirmó, delineando el delicado equilibrio entre el control político y el respeto a los derechos individuales.
El presidente cerró su declaración enfatizando que “este acto representa un acto de acatamiento a las decisiones judiciales, pilar fundamental de nuestra institucionalidad democrática”, cerrando un capítulo de una disputa legal que puso en evidencia los límites del discurso presidencial.
Humberto ‘Toto’ Torres
