El apoderado del expresidente advierte una persecución judicial en contra de la familia Pastrana.
El mandatario colombiano, Gustavo Petro, radió una nueva demanda en contra del expresidente Andrés Pastrana y su hermano, el periodista Juan Carlos Pastrana. De acuerdo con la página web de la Rama Judicial, la acción legal presentada se basa en reclamos de responsabilidad civil extracontractual.
Previamente, Petro y Pastrana tuvieron una acalorada discusión a través de sus redes sociales, la cual escaló hasta los tribunales sin conciliación alguna. Esto ocurrió luego de que el hoy presidente de Colombia denunciara a Pastrana por injuria y calumnia al vincular su política de ‘Paz Total’ con actividades ilegales.
La acción legal fue presentada el pasado 28 de mayo y se encuentra en el despacho del juez segundo civil del circuito de Bogotá, Óscar Gabriel Cely, en etapa de calificación.
Camilo Gómez, quien se ha desempeñado como comisionado para la Paz y ahora es el apoderado legal de Andrés Pastrana, considera esta acción como una forma de persecución judicial hacia la familia Pastrana. En diálogo con Caracol Radio, el abogado mostró su preocupación por la tendencia de emplear el sistema judicial para silenciar opiniones contrarias.
Para el jurista, demandar, por un lado, penalmente al expresidente y ahora civilmente a un miembro de su familia es algo que nunca se había presentado en el país, y una acción desmedida por opiniones divergentes a los ideales del Gobierno actual.
En cuanto a las opiniones de los hermanos Pastrana, “Ambas son totalmente contrarias a lo que está ocurriendo, es decir, la protección de la Constitución y de la Convención Americana de Derechos Humanos es absoluta a la libertad de expresión, más cuando se trata de un funcionario público como Gustavo Petro. Creo que aquí Petro se convierte en una persona que amenaza los derechos humanos porque si está acusando a alguien por opinar esa es la consecuencia”. Aseguró Gómez para el medio en mención.
En su intervención, señaló que la situación actual supone un serio cuestionamiento a la libertad de expresión, amparada tanto por la Constitución de Colombia como por la Convención Americana de Derechos Humanos, instrumentos que defienden irrefutablemente el derecho a expresarse libremente.
Aunque se desconoce el texto de la demanda, Gómez especuló sobre los posibles motivos detrás de la misma, la cual, en su juicio, podría buscar una compensación económica o simplemente ejercer presión financiera. Aun así, se resalta la dificultad de demostrar en juicio el daño alegado y el motivo sólido ante cualquier indemnización demandada.
JUAN JOYA