Presidente Petro plantea impuestos a remesas, herencias y dividendos en su estrategia fiscal

¿Fue el sobreendeudamiento del anterior Gobierno la principal causa de la crisis fiscal actual?

El presidente Gustavo Petro volvió a insistir en la posibilidad de gravar las remesas enviadas al exterior, las herencias y los dividendos. Según el primer mandatario, esta iniciativa fue propuesta al Congreso, pero no obtuvo la voluntad política para aplicarse a las grandes rentas. En cambio, señaló que las medidas impositivas han recaído sobre las empresas nacionales y se ha rechazado la reducción del impuesto de renta dentro del proyecto de ley de financiamiento.

En su intervención, el jefe de Estado afirmó que, hasta ahora, se han trasladado recursos públicos hacia sectores de altos ingresos a través de privatizaciones de infraestructura vial, subsidios a combustibles fósiles, pensiones elevadas y apoyos económicos destinados a universidades privadas y al sistema de salud. El presidente resalta que en su administración ha centrado sus esfuerzos en estos puntos.

https://twitter.com/petrogustavo/status/1926986922829758467

En cuanto al sistema pensional, el mandatario describió su sostenibilidad como un desafío, señalando que el pago de pensiones genera presión sobre los ingresos corrientes. Para corregir este problema, el Gobierno impulsó una reforma que asigna al Estado la cobertura de quienes cumplen con los requisitos de edad para jubilarse, pero no han sido pensionados, mientras las cotizaciones de empresas y trabajadores financiarán el sistema.

Por otro lado, Petro se refirió a las tasas de crédito público, explicando que estas están reguladas por el Banco de la República. También atribuyó el crecimiento de la deuda nacional al sobreendeudamiento del anterior Gobierno, encabezado por Iván Duque, lo que, según él, ha impactado las políticas fiscales de su administración.

El Gobierno inició el año con un déficit de financiamiento de 523 billones de pesos, motivo por el cual ya ha postergado la ejecución de 12 billones. Ante esta situación, el Ministerio de Hacienda ha explorado diversas estrategias para reducir el impacto del desbalance fiscal, entre ellas la posibilidad de una nueva ley de financiamiento.

A pesar de las intenciones iniciales de radicar una reforma tributaria en el primer trimestre del año, el Ejecutivo aún no ha presentado el proyecto ante el Congreso. Expertos del ámbito jurídico y legislativo han expresado dudas sobre la viabilidad de la iniciativa en el corto plazo. Según Andrés Felipe Velásquez, socio de Velásquez Osorio Abogados, la actual legislatura culmina el 20 de junio, lo que reduciría significativamente las posibilidades de discutir una reforma antes de la fecha límite.

Además, según la Constitución, las modificaciones en impuestos entran en vigencia en el año fiscal siguiente. Por lo tanto, si el Gobierno logra expedir una ley de financiamiento este año, su impacto en el recaudo se reflejaría en 2026. Así las cosas, abogados y analistas han indicado que el Ejecutivo deberá redefinir sus estrategias fiscales y presupuestarias. Algunos sectores han señalado que cualquier nuevo proyecto debe ser discutido en un marco de diálogo con los sectores económicos y políticos para garantizar un consenso que facilite la financiación de las principales actividades del Estado.

Por su parte, el representante a la Cámara, Óscar Darío Pérez, manifestó que el tiempo disponible es insuficiente para aprobar una ley de financiamiento que cubra el presupuesto general de la Nación para 2025. Esto implica que cualquier reforma tributaria radicada próximamente tendrá efectos en el presupuesto del año siguiente.

Juan Joya