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¿Es la participación ciudadana una táctica para ejercer presión en la Corte?
Este viernes, el presidente Gustavo Petro, mediante una misiva, solicitó una audiencia pública a la Sala Plena de la Corte Constitucional, donde se discutirá la inexequibilidad de la reforma pensional promovida por su Gobierno en el Congreso. En su carta, el mandatario pidió que la Corte acceda a las solicitudes de audiencia pública presentadas en el marco del control abstracto de constitucionalidad, de acuerdo con los artículos 12 y 13 del Decreto 2067 de 1991, y los artículos 66 y siguientes del Reglamento de la Corte Constitucional.
El presidente sostiene que, el 18 de diciembre de 2024 y el 14 de enero de 2025, varios ciudadanos solicitaron que la Sala Plena convoque una audiencia pública en el proceso de control de constitucionalidad de la reforma. Según Petro, estas solicitudes reflejan el legítimo interés ciudadano en que la Corte garantice una deliberación abierta, pública, pluralista y participativa.
El objetivo de esta solicitud, según el mandatario, es permitir que los ciudadanos aporten sus argumentos en relación con la constitucionalidad de la reforma pensional, la cual busca garantizar el derecho a la seguridad social de millones de colombianos y avanzar hacia un sistema pensional más equitativo, inclusivo y sostenible.
Cabe recordar que la ponencia sobre la reforma fue presentada recientemente por el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, el pasado 14 de febrero. Desde entonces, la Corte dispone de 60 días para fallar respecto a la inexequibilidad de la norma.
Es importante señalar que el presidente había invitado a los presidentes de las altas cortes a una reunión el 21 de febrero de 2025, pero varios magistrados, incluyendo al presidente de la Corte Constitucional, rechazaron la invitación. Ibáñez argumentó que las discusiones sobre la Ley 2381 de 2024 deben ser imparciales y sin injerencia del poder Ejecutivo.
Petro ha expresado abiertamente su preocupación ante la posibilidad de que la reforma pensional de su Gobierno sea anulada por la Corte, lo que podría tener graves consecuencias para la población. Ha señalado que, si la reforma no se aprueba, podría afectar negativamente a Colpensiones y provocar una estampida de cotizantes hacia la administradora estatal de pensiones.
La solicitud del presidente Petro de una audiencia pública ante la Corte Constitucional resalta la importancia que otorga a la participación ciudadana en el proceso de control constitucional. Este movimiento busca garantizar la transparencia y la inclusión en el debate sobre la reforma pensional. En contraparte, la respuesta de la Corte, liderada por Ibáñez, deja en claro la necesidad de mantener la independencia y la imparcialidad en sus decisiones, evitando cualquier influencia del Ejecutivo.
La discusión sobre la reforma será determinante para el futuro del sistema pensional en el país y tendrá un impacto significativo en la seguridad social de millones de colombianos.
Juan Joya
