Presidente Petro convoca, Luna denuncia: tensión por movilización en Ibagué

Testimonios señalan que se exigió llevar acompañantes y que habría consecuencias laborales para quienes no acudan. El Ministerio de Salud niega irregularidades.

El presidente Gustavo Petro convocó una movilización ciudadana para el próximo viernes 3 de octubre en la Plaza Murillo Toro de Ibagué, bajo el lema “la dignidad y la democracia”. El anuncio fue realizado a través de su cuenta oficial en la red social X, en respuesta a una denuncia interpuesta en su contra en Estados Unidos por el excanciller Álvaro Leyva, y tras la revocatoria de su visa por parte de ese país. “Con toda la fuerza del bunde tolimense, libertad y paz en Ibagué”, escribió el mandatario, agregando: “Nos veremos en Ibagué a preparar la movilización por la democracia y el poder constituyente. Libertad o muerte”.

La jornada, que será coordinada por la Presidencia de la República, ha sido presentada como un acto institucional con respaldo logístico oficial. Dirigentes del movimiento Pacto Histórico confirmaron que se trata de una movilización organizada directamente desde el Ejecutivo, con el objetivo de reunir a simpatizantes, movimientos sociales y colectivos ciudadanos en respaldo a la gestión presidencial y a las reformas impulsadas por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Sin embargo, la convocatoria ha generado controversia tras las denuncias del exsenador y precandidado presidencial David Luna, quien alertó sobre presuntas presiones a contratistas del Estado para asistir al evento. Según Luna, “contratistas de entidades públicas están siendo obligados a viajar hasta Ibagué este viernes, 3 de octubre, para asistir a un evento del presidente Petro y su ministro de Salud, bajo amenaza de no renovarles el contrato”. El precandidato aseguró que los convocados no recibirían viáticos, transporte ni alimentación, y que muchos tendrían que desplazarse desde ciudades como Bogotá con recursos propios.

Testimonios recogidos por medios nacionales coinciden en señalar que la instrucción de asistir fue impartida de forma directa y sin espacio para objeciones. Un contratista del Ministerio de Salud relató que “nos dijeron que el secretario va a mirar quién cumple y quién no, para tomar determinaciones. Obviamente relacionado con sacarnos o no renovarnos. Hay gente que no tiene plata para ir hasta Ibagué”. Otro testimonio indicó que “no nos dejaron entrar celulares, nos sentaron y dijeron que quienes no asistieran los tendrían en cuenta para la renovación del contrato”.

Además de la exigencia de asistencia, algunos contratistas señalaron que se les pidió llevar acompañantes para aumentar la afluencia al evento. Según información divulgada, “deben llevar mínimo cinco personas cada uno para llenar la plaza”, lo que ha sido interpretado como una estrategia para mostrar respaldo masivo a la gestión del Gobierno y a la reforma a la salud que promueve el ministro Jaramillo.

Ante las denuncias, el Ministerio de Salud negó que existan presiones indebidas. Una fuente oficial declaró que “dentro de las funciones del grupo de comunicaciones está claramente cubrir los eventos institucionales y siempre se cubre con los viáticos”. También se indicó que la continuidad laboral de los contratistas se define en función del rendimiento profesional, y que esta práctica no resulta ajena a otros entornos laborales.

Hasta el momento, ni el presidente Petro ni el ministro Jaramillo se han referido públicamente al tema. La falta de pronunciamiento oficial ha generado inquietud sobre el uso de capital humano del Gobierno en actividades de carácter político, y ha abierto el debate sobre los límites entre participación institucional y coacción administrativa. Luna concluyó su denuncia afirmando que “esto no es participación ciudadana, es coacción política y un abuso contra trabajadores vulnerables. Las autoridades de control deben intervenir de inmediato”.

Juan Joya