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8 julio, 2025El mandatario cuestionó la imparcialidad de la Procuraduría y calificó de ‘inmoral’ que figuras políticas dirijan empresas que manejan contratos estatales clave.
El presidente Gustavo Petro abrió un nuevo frente de confrontación institucional al acusar públicamente a la Procuraduría General de la Nación de impedir una investigación por presunta violación a la libre competencia relacionada con la empresa Thomas Greg & Sons. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario afirmó: “La Procuraduría impidió la investigación de libre competencia sobre Thomas Greg. Que viejas amistades políticas no dejen cumplir los deberes públicos de los funcionarios”.
Este pronunciamiento se produce en medio de la crisis por el contrato de producción de pasaportes, actualmente en manos de Thomas Greg & Sons, y que el Gobierno busca trasladar a la Imprenta Nacional. Petro ha insistido en que su administración no está “arrodillada” a esa empresa. “Este Gobierno no está arrodillado a Thomas and Gregg, en cuya junta directiva hay expresidentes y excandidatos presidenciales”, escribió.
El presidente también señaló que la defensa de la libre competencia es una facultad constitucional del Ejecutivo. “La facultad de cuidar la libre competencia es una facultad constitucional del presidente de la República y la haré valer”, aseguró. Asimismo, cuestionó el papel del Ministerio Público: “La Procuraduría no está para atemorizar funcionarios en cumplimiento de su deber, sino para hacer cumplir la Constitución”.
Las críticas se intensificaron tras conocerse que la Procuraduría habría emitido un concepto técnico que cuestiona la capacidad de la Imprenta Nacional para asumir la producción de pasaportes a partir del 1.º de septiembre de 2025, momento en que se vence la prórroga del contrato actual. Petro ha sostenido que la empresa ha mantenido una posición dominante en el mercado y que su cercanía con figuras políticas representa un conflicto de interés. “Absolutamente inmoral que candidatos de alta gama de la oligarquía dirijan la empresa que hace los cómputos. Enorme burla a la democracia”, puntualizó.
Paralelo a esto, el mandatario expresó su preocupación por la participación de Thomas Greg & Sons en la licitación para la logística electoral de 2026. La Registraduría Nacional, liderada por Hernán Penagos, está próxima a adjudicar un contrato por más de 2 billones de pesos a la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026, conformada mayoritariamente por firmas del grupo Thomas Greg. El presidente advirtió que esta situación representa un riesgo para la transparencia del proceso electoral.
La controversia también ha generado tensiones internas en el Gobierno. La exministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, renunció tras un desacuerdo con el jefe de despacho presidencial, Alfredo Saade, sobre la gestión del contrato de pasaportes. Sarabia denunció que Saade intervino indebidamente en un proceso que era competencia exclusiva de la Cancillería y que ordenó demorar la asignación de citas para extender el uso del stock disponible.
La discusión sobre la continuidad de Thomas Greg & Sons en contratos estatales clave ha escalado a un nivel político e institucional que no se había visto antes. Mientras el Gobierno insiste en que busca garantizar la soberanía y la libre competencia, sectores de oposición y organismos de control advierten sobre los riesgos de improvisación y concentración de poder. La adjudicación del contrato electoral y de pasaportes marcará un antes y un después en el vínculo entre el Gobierno y los entes de control.
Juan Joya




