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Durante la cumbre de las Américas celebrada en el año 2001, los países que hacen parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) dieron la aprobación a la Carta Democrática Interamericana, se trata de un documento que contiene 28 cláusulas para garantizar la institucionalidad en los países que reconocen la jurisdicción de la CorteIDH, es decir, en 20 naciones de las 35 que conforman la OEA.
Este documento deja en firme y en sus líneas menciona lo que las naciones consideran con la ruptura democrática, es decir violaciones a los derechos humanos y de las libertades, asimismo, lo que se denomina la falta de independencia de los poderes.
El primer mandatario peruano, el izquierdista, Pedro castillo, hizo uso del artículo 17 de la carta para solicitar la reunión extraordinaria del Consejo Permanente. El enunciado del documento establece que un país podría “solicitar asistencia (de la OEA) para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática”.
No obstante, la carta Interamericana esboza que se rige por el principio de no intervención, pero establece que “en caso necesario podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento”.
Lo que esto traduce es que la OEA deja un margen amplio, que permite una abierta interpretación de la misma; sin embrago, en principio puede enviar una misión de verificación de la situación”.
Previamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había señalado, tras una visita de trabajo, que “observaba riesgos para la institucionalidad democrática” y había hecho un llamado a “respetar el debido proceso”.
Cabe destacar que en la reunión del jueves, que tendrá lugar en Salón de las Américas de la sede de la OEA en la capital estadounidense, participarán el Relator para Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edgar Ralón Orellana, y el canciller peruano, César Landa.
Por otra parte, los congresistas de la oposición solicitaron comunicarse con los representantes de la Organización de Estados Americanos para rechazar la solicitud de Castillo y la consecuente reunión extraordinaria.
La defensa de Pedro Castillo esgrime que la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía ante el Congreso es ilegal, pues la Carta Magna del país solo contempla remover el fuero de un funcionario para procesarlo en caso de delitos de “traición a la patria” o contra la democracia, por lo que interpuso un recurso ante la Corte Suprema para anularla.
El mandatario Catillo, que ya es blanco de seis denuncias hechas por la Fiscalía, ya ha salido avante en dos procesos de vacancia por “incapacidad moral” en su contra en el Legislativo, lo que para sus seguidores resalta y da muestra de que se trata de una persecución política.
No obstante, la fiscal general, Patricia Benavides, quien fue citada el miércoles 19 de octubre ante el Congreso para ampliar la denuncia en contra Castillo, insistió en que tiene más de 190 pruebas de las supuestas acciones criminales del mandatario.
Cabe recordar que la Fiscalía señala que el presidente Pedro Castillo; el exministro de Transporte y Comunicaciones, Juan Silva Villegas; al de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado, así como otros cinco funcionarios de organizar una red criminal para obtener ganancias a través de contratos con el Estado.
En síntesis, se trata del caso que se conoce como “Puente Tarata III”, una obra millonaria licitada en 2021 por la cual, según el ente investigador, el mandatario y su entorno habrían acordado recibir el 0,5 % del valor total del contrato.
Asimismo, desde el viernes 14 de octubre el Congreso cuenta con 10 días hábiles para decidir si la denuncia procede o no. A su vez, el lunes 17 de octubre, el congresista Edward Málaga Trillo comenzó un proceso de recolección de firmas para iniciar el tercer proceso de moción de vacancia en contra del presidente Castillo, con la intención de su destitución.
Humberto ‘Toto’ Torres
