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El mandatario antioqueño alertó sobre irregularidades en medio de la investigación penal por presunto peculado y contratos indebidos durante su gestión como alcalde de Rionegro.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, denunció públicamente lo que considera un posible entrampamiento judicial en el marco de una investigación penal que adelanta la Fiscalía General de la Nación en su contra. La denuncia fue presentada por su abogado defensor, Luis Gabriel Chaves Ortiz, mediante un comunicado oficial divulgado el 31 de agosto, en el que se detallan los hechos que motivaron la alerta y se solicita vigilancia ciudadana sobre el desarrollo del proceso.
El origen de la investigación se remonta a la gestión de Rendón como alcalde del municipio de Rionegro, entre los años 2016 y 2019. En ese periodo, la administración local contrató la construcción de dos Centros de Atención Inmediata (CAI) en los sectores de San Antonio de Pereira y Cuatro Esquinas, con el objetivo de fortalecer la presencia institucional de la Policía Nacional en zonas estratégicas del municipio. Según la Fiscalía, estos contratos presentan presuntas irregularidades que podrían configurar delitos como peculado por apropiación y celebración indebida de contratos.
La versión del ente acusador se basa en la supuesta omisión de la entrega formal de las obras a la Policía Nacional, generando así un presunto detrimento patrimonial. Sin embargo, la defensa del gobernador sostiene que los CAI fueron construidos conforme a los requisitos legales, que están en funcionamiento y que prestan servicio a la comunidad. “Los CAI se encuentran construidos a satisfacción y en favor de la comunidad, cumpliendo con todos los requisitos de ley para su construcción”, señala el documento publicado.
En el marco de esta investigación, la Fiscalía autorizó interceptaciones telefónicas al gobernador durante un periodo de 70 días en el año 2025. Estas medidas fueron legales y forman parte del acervo probatorio que se está construyendo en el proceso. Sin embargo, el equipo jurídico de Rendón ha cuestionado el alcance y la pertinencia de dichas actuaciones, especialmente en relación con un episodio reciente que consideran irregular.
El hecho que motivó la denuncia por posible entrampamiento ocurrió el 30 de agosto de 2025, cuando Rendón fue abordado por una persona indiciada en el mismo proceso penal, mientras compartía un espacio deportivo con su hijo en Rionegro. “Mientras el Gobernador de Antioquia departía de un espacio deportivo personal con su hijo, fue abordado por una persona que se encuentra indiciada en el proceso matriz y que es un posible testigo del proceso”, indicó su abogado.
El mandatario respondió de forma directa, indicando que no tenía nada que hablar con esa persona y que “cada uno debía defenderse en derecho”. La defensa calificó el encuentro como una “extraña coincidencia” y expresó preocupación por la posibilidad de que se trate de una estrategia para comprometerlo judicialmente. “Nos preguntamos: ¿además de chuzar al Gobernador, ahora también le hacen seguimientos?”, se lee en el comunicado.
El abogado Chaves Ortiz insiste en que tanto él como su defendido han sido respetuosos del debido proceso y de las actuaciones de la Fiscalía. “Que el actual Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, y el suscrito defensor siempre han sido respetuosos del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política”, afirmó. Además, insistió en que todo lo relacionado con el proceso debe hacerse público y de cara a los colombianos.
La defensa anunció que ejercerá todas las acciones jurídicas necesarias “en igualdad de armas” frente a la Fiscalía General de la Nación. También hizo un llamado a la ciudadanía para que se mantenga atenta al desarrollo del caso y se garantice la transparencia institucional. “Dejamos constancia de este hecho en aras de la transparencia y con actuar ajustado siempre a la ley”, concluye el comunicado.
El proceso se mantiene en investigación, y se espera que en las próximas semanas se definan nuevas actuaciones por parte del ente acusador. Entretanto, el gobernador mantiene su agenda institucional y ha insistido en su disposición a colaborar con las autoridades judiciales, siempre bajo el principio de legalidad y respeto por los derechos fundamentales.
La denuncia por posible entrampamiento judicial se suma a una serie de cuestionamientos sobre el uso de herramientas investigativas en procesos que involucran a funcionarios públicos. Para este caso, el equipo jurídico del gobernador ha solicitado que se garantice la imparcialidad de las actuaciones y que se eviten prácticas que puedan vulnerar el derecho a la defensa. “Todo lo relacionado con su proceso debe hacerse público y de cara a los colombianos”.
Juan Joya
