Por orden del Consejo de Estado el 28 de mayo, a más tardar, debe haber Política nacional de protección animal

El 25 de mayo de 2019 entró en vigencia el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (Ley 1955) que le dio al Gobierno Nacional un plazo máximo de seis meses para formular la “Política Pública Nacional de Protección y Bienestar de Animales Domésticos y Silvestres” (artículo 324). Este plazo se cumplió el 29 de noviembre de 2019 sin que la política fuera expedida.

Por esta razón, el 22 de octubre de 2020 el equipo jurídico de la exconcejal animalista de Bogotá, hoy candidata al Senado, Andrea Padilla, quien lideró la inclusión del artículo 324 en la Ley 1955, interpuso una acción de cumplimiento contra las entidades responsables de expedir la política: los ministerios de Ambiente, Salud, Agricultura, del Interior y el Departamento Nacional de Planeación.

El 15 de marzo de 2021, el Tribunal de Cundinamarca declaró que el Gobierno Nacional incumplió su deber de expedir la política y le dio un plazo de tres meses para hacerlo. “Sin embargo, los ministerios de Agricultura, Salud, Interior y el DNP impugnaron, a sabiendas de que habían incumplido su deber legal”, informó la activista por los derechos de los animales, Andrea Padilla.

Hoy el Consejo de Estado, en sentencia con fecha del 24 de febrero, confirmó el plazo máximo de tres meses para que el Gobierno expida la Política nacional de protección animal; de modo que, a finales de mayo esta deberá estar lista.

Esta política debe establecer lineamientos y definir estrategias, programas y propuestas normativas para la protección de animales usados para consumo humano, animal en situación de calle y maltratado, y animales silvestres objeto de tráfico ilegal.

También, para la formación en tenencia responsable, la creación de centros territoriales de bienestar, rehabilitación y asistencia integral de animales domésticos y silvestres, la sustitución progresiva de vehículos de tracción animal, la realización de campañas de esterilización, y el fortalecimiento de la investigación y el procesamiento de delitos contra los animales.

“El próximo Congreso tendrá la responsabilidad de hacerle control político al Gobierno Nacional para que esta política no se quede en el papel y llegue a todos los territorios del país”, precisó Padilla.