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29 agosto, 2025El Concejo de Bogotá volvió a aplazar, por cuarta ocasión, el debate de control político sobre la situación y la Política de Sustancias Psicoactivas (SPA) en la capital. “Ya no creemos en las coincidencias”, señalaron organizaciones y colectivos sociales que han impulsado la discusión.
Bogotá, históricamente considerada un referente latinoamericano en políticas de drogas innovadoras, atraviesa hoy un viraje hacia el prohibicionismo y el castigo. De acuerdo con el informe “Las 8 acciones que marcarán la Alcaldía de Galán en Bogotá como prohibicionista, inefectiva y anticuada en materia de Política de Sustancias Psicoactivas (SPA)”, la actual administración ha desmontado avances consolidados durante más de una década. Estos fueron reemplazados por medidas punitivas que, según la evidencia nacional e internacional, han demostrado ser ineficaces.
Las organizaciones sociales recordaron que llevan meses preparando el debate con rigurosidad, en ese sentido indicaron que:
• Se organizaron mesas de trabajo con comunidades y personas expertas.
• Hubo reuniones con liderazgos de la Mesa Distrital de SPA (MDCB) y de mesas locales.
• Se articularon esfuerzos con la sociedad civil y ONG como Échele Cabeza, Justicia y Democracia y Temblores, además de procesos comunitarios que llevan años acompañando a poblaciones afectadas por las políticas de drogas.
El reclamo central es que, en lugar de fortalecer la participación y tratar el consumo como un asunto de salud pública tal como prometió el distrito, la administración distrital ha debilitado los espacios de articulación, impuesto una visión “retrógrada” en la opinión pública y frenado las estrategias de reducción de daños.
Pese a la trayectoria de Bogotá en materia de prevención y reducción de riesgos, los indicadores muestran retrocesos:
• El mayor consumo de SPA se concentra en estratos 4, 5 y 6, pero los problemas de abuso y consumo problemático son más altos en estratos 1 y 2.
• Entre 2024 y mayo de 2025 se impusieron 44.505 comparendos, el 58 % en localidades como Bosa, Tunjuelito, Kennedy, Ciudad Bolívar y Suba.
• El 96 % de esas sanciones corresponden a cantidades menores a la dosis personal. Menos del 15 % se pagan.
• Como consecuencia, miles de jóvenes quedan inhabilitados para estudiar, acceder a becas, créditos o empleos formales, aumentando su vulnerabilidad frente al delito.
“Se criminaliza a los consumidores, mientras el narcotráfico avanza”, denuncian las organizaciones.
El informe citado identifica ocho acciones que, según los colectivos, evidencian la deriva prohibicionista de la actual administración:
- Desconexión con la evidencia, la política nacional y el Plan de Desarrollo.
- Criminalización del consumo.
- Enfoque patologizante desde la Secretaría de Salud.
- Restricciones a la vida nocturna.
- Incumplimiento de la sentencia C-127/23.
- Abandono de la comunidad cannábica.
- Convenio desigual con la UNODC.
- Desinterés por la innovación.
Para las organizaciones, aplazar el debate es equivalente a “aplicar la estrategia de la avestruz: esconder la cabeza bajo la tierra”. Advierten que, cuando finalmente se aborde, el problema será más grave y las posibilidades de transformación mucho más limitadas.
Paola Martínez Burgos
Fuentes:
https://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/edic/base/port/inicio.php




