El Gobierno Nacional ha dado un giro significativo en su postura con la expedición del Decreto 2114, anulando la criminalización del porte y consumo de dosis personales de estupefacientes en Colombia. Esta medida, que revoca una sección crucial del marco legal, ha suscitado una ola de opiniones encontradas y ha reavivado la polarización en torno al consumo y posesión de sustancias prohibidas.
Firmado por los ministros del Interior, Justicia y Defensa, este nuevo decreto desactiva el capítulo 9 del título 8 del libro 2 del Decreto 1070 de 2015, modificado por el Decreto 1844 de 2018, que previamente regulaba parcialmente el Código Nacional de Policía y Convivencia en relación con la tenencia y distribución de drogas ilícitas.
Las reacciones ante esta decisión son diversas y polarizadas. Mientras el presidente Gustavo Petro asegura que la derogación se limita a eliminar la multa por posesión personal, otras figuras prominentes como el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el exmandatario Iván Duque expresan su preocupación y desacuerdo.
Uribe plantea que esta medida podría impactar negativamente en la juventud y la estructura familiar colombiana. Afirma que la penalización por consumo y porte personal de drogas no ha sido empleada para encarcelar a ciudadanos, sino para enfocarse en la prevención y rehabilitación, bajo normativas existentes desde hace décadas.
Por otro lado, Duque argumenta que esta derogación debilita la lucha contra el crimen al retirar una medida que garantizaba entornos seguros, especialmente en relación con los traficantes de drogas. Además, sostiene que esta acción perjudica a niños, jóvenes y familias.
Las respuestas de Petro no se han hecho esperar, rebatiendo las críticas al afirmar que la derogación de las multas impuestas de manera inconstitucional por Duque no debilitará la estructura familiar. También cuestiona la insistencia de algunos congresistas en legalizar el consumo recreativo, advirtiendo sobre los peligros asociados y el aumento global de muertes por drogas.
Este cambio legislativo no solo ha desencadenado un intenso debate político, sino que también ha puesto de manifiesto la complejidad y las diferentes perspectivas sobre la política de drogas en Colombia. Esta controversia sigue generando fuertes opiniones y posiciones encontradas en diferentes sectores de la sociedad, abriendo un diálogo necesario sobre los enfoques y repercusiones de la legislación en torno a las drogas.
Humberto ´Toto´ Torres