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El presidente Gustavo Petro enfrenta una nueva controversia judicial tras una solicitud interpuesta ante el Consejo de Estado por el abogado de la periodista María Andrea Nieto, en la que se pide abrir un incidente de desacato por el presunto incumplimiento de una orden de la Corte Constitucional.
La medida busca que se determine si el mandatario desobedeció el fallo que le ordenaba retractarse públicamente y ofrecer disculpas por haber calificado a las mujeres periodistas como “muñecas de la mafia” durante un acto público.
El origen del caso: las declaraciones de Petro en acto oficial
Las afirmaciones que dieron origen al proceso se produjeron en la posesión de la defensora del Pueblo, Iris Marín, donde el jefe de Estado manifestó:
“Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir ¡basta!”.
Según la Corte Constitucional, esas palabras constituyeron un acto de estigmatización y discriminación, por lo que ordenó al mandatario realizar una alocución presidencial de carácter público en la que se retractara expresamente y presentara disculpas a las periodistas afectadas.
El tribunal precisó que esta alocución debía hacerse en el mismo formato en que se emitieron las declaraciones originales, dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles tras la notificación de la sentencia.
Obligaciones fijadas por la Corte Constitucional
Además de la retractación pública, la Corte ordenó a Petro emitir una nota aclaratoria en la que se reconociera que sus manifestaciones —al asociar a las periodistas con “las muñecas de la mafia” y atribuirles responsabilidad en la “criminalización de la protesta”— no fueron adecuadas ni compatibles con los valores constitucionales.
El alto tribunal recordó que “el ejercicio de la libertad de expresión por parte de los servidores públicos y, en especial, de quienes ocupan las más altas dignidades, debe realizarse con un sentido de responsabilidad acorde con los valores constitucionales”, destacando la obligación de respeto hacia las mujeres y los comunicadores.
Restricciones a futuras manifestaciones del presidente
En la misma decisión, la Corte también ordenó al presidente abstenerse de emitir mensajes o manifestaciones públicas —por cualquier medio institucional o personal— que vulneren los derechos a la no discriminación, a una vida libre de violencia de género y a la integridad digital de las periodistas y mujeres comunicadoras involucradas.
El incidente de desacato, ahora en manos del Consejo de Estado, busca determinar si el mandatario incumplió dichas órdenes judiciales y, de ser así, establecer las sanciones correspondientes conforme a la ley.
Humberto ‘Toto’ Torres
