Piden priorizar caso de presuntas irregularidades urbanísticas en predios donde se construye “Vive Claro”

Desde el Concejo de Bogotá, se radicó este lunes más de mil firmas ciudadanas para solicitar la priorización del proceso policivo No. 2024634490100215E, actualmente en curso en la Inspección 13C de la localidad de Teusaquillo. El expediente está relacionado con presuntas intervenciones urbanísticas no autorizadas en predios ubicados en el Centro Bolivariano, zona donde se adelanta la construcción del proyecto “Vive Claro”.

De acuerdo con la concejal Quena Ribadeneira, la ciudadanía pide que la Secretaría Distrital de Gobierno dé prioridad al caso, amparados en el artículo 22 de la Resolución 622 de 2024, argumentando la gravedad de los hechos y los riesgos asociados a la seguridad humana. La concejala advirtió sobre el impacto potencial de la obra por su escala, la proyección de albergar a cerca de 40 mil personas y la posibilidad de que su operación se prolongue en el tiempo.

La querella fue presentada inicialmente por la edilesa Mónica Naar, tras recibir múltiples denuncias de residentes del sector en abril de 2024. Como resultado, la Alcaldía Local de Teusaquillo ordenó una visita técnica al predio, donde se evidenciaron intervenciones urbanísticas sin autorización. Entre ellas, el endurecimiento de aproximadamente 10.000 m² de suelo, remoción de capa vegetal, excavaciones y el uso de materiales como piedra rajón, recebo compactado y pavimento flexible.

El informe técnico recomienda el sellamiento preventivo de la obra hasta tanto no se cuente con los permisos y legalizaciones correspondientes. La concejala Ribadeneira enfatizó:

“La ciudadanía ha hablado con claridad. Hacemos un llamado a la Secretaría de Gobierno a actuar con urgencia. La magnitud de las intervenciones hace imperativo que las autoridades no esperen a que ocurra una tragedia.”

Por su parte, la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) envió una comunicación en la que solicita verificar si el diseño, la revisión y la supervisión estructural del proyecto se ajustan a las normas técnicas vigentes. Además, propuso que los promotores del proyecto presenten públicamente los diseños estructurales, las medidas de seguridad y los procesos de supervisión técnica implementados.

Aunque “Vive Claro” es una iniciativa privada liderada por las empresas Ocesa y Claro, la SCI señaló que el predio pertenece a la Beneficencia de Cundinamarca y fue alquilado para el desarrollo del proyecto, por lo que su impacto urbano, social y ambiental involucra directamente a la ciudadanía y a las autoridades distritales.

En su comunicado, la SCI expresó: “En concordancia con nuestro compromiso con la seguridad estructural, la protección de la vida humana y el cumplimiento riguroso de la normativa vigente, consideramos importante presentar algunas reflexiones desde nuestra experiencia profesional y nuestro rol como cuerpo consultivo del Gobierno Nacional.”

La entidad también recordó que, según la limitada información técnica disponible, la estructura fue presentada como “temporal”, lo que eximiría el proyecto de contar con licencia formal de construcción o aprobación bajo el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10). Sin embargo, la escala del proyecto y su potencial permanencia obligan a verificar si cumple con la Ley 400 de 1997 y demás disposiciones aplicables.

Frente a estas observaciones, la empresa Ocesa emitió un comunicado en el que afirma recibir con apertura la visita técnica solicitada y asegura que el escenario ha sido desarrollado con altos estándares de seguridad:

“Vive Claro ha sido desarrollado con estructuras seguras y flexibles, construidas con materiales durables y sometidas a rigurosos controles técnicos previos. Nuestro compromiso con la transparencia y el cumplimiento normativo es total, y esta visita es una oportunidad para ratificarlo. Estamos a completa disposición de las autoridades”, concluyó la compañía.

Paola Martínez Burgos