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26 enero, 2026El presidente Gustavo Petro expresó su disposición a reunirse con su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, con el fin de abordar de manera conjunta la lucha contra el narcotráfico, en medio de la reciente escalada comercial entre ambos países, que derivó en la imposición de aranceles del 30 % al intercambio bilateral.
El pronunciamiento del jefe de Estado colombiano se dio a través de su cuenta de X, donde señaló que está abierto al diálogo y dejó claro cuál debería ser el eje central del encuentro. Allí afirmó que está dispuesto a reunirse en cualquier momento, siempre y cuando el primer punto de la agenda sea la construcción de una política conjunta para el control de los puertos marítimos, considerados estratégicos en la cadena del narcotráfico.
En su mensaje, Petro subrayó que los puertos de Colombia y Ecuador no pueden seguir siendo utilizados para la exportación de cocaína ni para el contrabando de insumos destinados a la producción de fentanilo, una problemática que, según ha advertido, tiene un impacto creciente en la región y en los mercados ilegales internacionales.
El llamado al diálogo se produce en un contexto de tensión diplomática y comercial, mientras ambos países esperan una posible reunión de las cancilleres Rosa Villavicencio, por Colombia, y Gabriela Sommerfeld, por Ecuador, prevista para la próxima semana, con el objetivo de buscar salidas a la guerra arancelaria abierta tras las decisiones anunciadas por Quito.
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, informó el miércoles que a partir del 1 de febrero se aplicará un arancel del 30 % a las importaciones procedentes de Colombia, argumentando una supuesta falta de reciprocidad y de acciones contundentes en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común.
Ante esta medida, el Gobierno colombiano respondió con un gravamen del mismo porcentaje a más de 50 productos ecuatorianos, además de suspender las ventas de energía eléctrica al país vecino, profundizando el choque comercial entre las dos naciones andinas.
Resultados en la lucha contra las drogas
Petro defendió la gestión de su Gobierno en materia de seguridad y drogas, asegurando que Colombia no ha reducido sus esfuerzos contra el narcotráfico. Según el mandatario, las organizaciones criminales han fortalecido su presencia en Ecuador, lo que ha contribuido al aumento de la violencia en ese país, por lo que insistió en la necesidad de establecer controles estrictos sobre los insumos químicos que ingresan por los puertos del Pacífico, especialmente los relacionados con la producción de fentanilo.
El presidente también advirtió que el desplazamiento de las rutas de la cocaína, que antes salían por puertos colombianos del Pacífico y ahora se mueven hacia Ecuador, ha generado un contrabando aún más peligroso hacia el norte del continente, con sustancias de mayor impacto para la salud pública.
En ese contexto, recordó que su administración ha promovido una coordinación estrecha entre las fuerzas militares, policiales y los servicios de inteligencia de Colombia y Ecuador, como parte de una estrategia regional para enfrentar a las mafias transnacionales.
De acuerdo con cifras oficiales del Gobierno colombiano, las incautaciones de cocaína realizadas de manera conjunta con Ecuador evidencian un incremento sostenido: pasaron de 86.786 kilos en 2023 a 132.354 en 2024, y alcanzaron 195.862 kilos en 2025, lo que, según Petro, demuestra resultados concretos de la cooperación bilateral.
El mandatario también recordó que sostuvo un encuentro con la delegada del Gobierno ecuatoriano durante la inauguración del Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonía, el pasado 9 de septiembre en Manaos (Brasil), donde, según indicó, Ecuador aceptó avanzar en una política de mayor acción antimafiosa.
Colombia y Ecuador comparten una frontera terrestre de 586 kilómetros, en la que operan grupos narcotraficantes y estructuras guerrilleras, además de contar con puertos estratégicos sobre el océano Pacífico, utilizados por las mafias para enviar drogas hacia Estados Unidos y Europa, lo que convierte la cooperación binacional en un factor clave para enfrentar el crimen organizado en la región.




