Petro propone liquidar EPS intervenidas tras concepto del Consejo de Estado sobre uso de la UPC

El presidente Gustavo Petro abrió un nuevo frente en el debate sobre el sistema de salud al plantear la liquidación de las EPS intervenidas, tras un concepto del Consejo de Estado que permite utilizar recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para cubrir deudas de periodos anteriores. Para el mandatario, el aseguramiento financiero en salud ha sido un fracaso estructural que no ha logrado mejorar los indicadores del sistema en más de una década.

Durante un consejo de ministros, Petro sostuvo que la decisión solo sería viable si las deudas no están vencidas y no se pone en riesgo la atención de los pacientes, subrayando que la prioridad debe ser la continuidad del servicio. El pronunciamiento se da luego de que el Ministerio de Salud consultara si el principio de anualidad —que limita el uso de los recursos al año en que se reciben— aplica a la UPC.

El Consejo de Estado respondió que la UPC no hace parte del Presupuesto General de la Nación y tiene un uso específico, por lo que no está sujeta al principio de anualidad. Según el Gobierno, las EPS intervenidas concentran una porción significativa de la deuda histórica del sistema, lo que ha profundizado la crisis financiera del sector.

En su intervención, el jefe de Estado fue enfático en que la acumulación de pasivos hace insostenible el modelo actual. Señaló que, en la práctica, los recursos destinados hoy a la atención de los pacientes se estarían usando para cubrir obligaciones morosas del pasado, una dinámica que, a su juicio, perjudica al Estado y a los usuarios.

Petro reiteró que el modelo de aseguramiento privado no ha logrado mejorar los indicadores de bienestar y que mantenerlo implica prolongar un ciclo de endeudamiento. Por ello, insistió en que la liquidación de las EPS intervenidas sería una salida necesaria para cortar esa dinámica y avanzar hacia un esquema distinto.

Como alternativa, el mandatario propuso fortalecer la salud preventiva, con mayor intervención directa del Estado y financiamiento robusto a los hospitales públicos, de manera que los recursos lleguen efectivamente a la población y no se diluyan en intermediaciones financieras.

Las cifras respaldan la magnitud del problema. A mitad de 2025, las 10 entidades bajo vigilancia especial acumulaban pasivos superiores a los 12,8 billones de pesos, con altos niveles de mora frente a clínicas, hospitales y proveedores. Además, 29 EPS arrastran deudas cercanas a los 39 billones de pesos, originadas en administraciones anteriores, según datos citados por el Gobierno.

El anuncio del presidente reaviva la discusión sobre la reforma estructural al sistema de salud, en momentos en que el uso de la UPC y el futuro de las EPS intervenidas están en el centro del debate jurídico, político y social del país.

Sala Digital Colmundo