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La Corte Constitucional anunció que el próximo jueves 29 de mayo iniciará el estudio de una demanda que podría anular la reforma pensional promovida por el Gobierno. Esta acción judicial fue presentada por la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien sostiene que el trámite en el Congreso tuvo irregularidades graves. La ponencia está bajo la dirección del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien sostiene que los errores en el procedimiento legislativo justifican su eventual hundimiento.
Los documentos revisados por el alto tribunal muestran que el Senado habría manipulado ilegalmente el texto original aprobado por la Cámara de Representantes, lo que impidió la realización de un debate adecuado sobre la reforma. Según pruebas suministradas por la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y el Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, hubo cambios en el contenido de la iniciativa sin respetar el procedimiento legislativo correcto.
El magistrado Ibáñez ha descartado la posibilidad de corregir las irregularidades devolviendo el texto al Congreso o aprobando una nueva versión de la ley. Según el expediente entregado por el tribunal, también se identificó que el dinero relacionado con la reforma pensional se habría usado para facilitar la aprobación de otros proyectos, como la Ley de Protección Social Integral para la Vejez, lo que genera nuevas dudas sobre la transparencia del proceso.
El debate en la Corte Constitucional contará con la participación de los nueve magistrados de la Sala Plena, quienes tendrán que votar para determinar si la reforma sigue adelante o se anula por completo. Para esta ocasión, la discusión incluirá el voto de un nuevo magistrado o magistrada que reemplazará a Cristina Pardo, y que fue seleccionado a partir de la terna presentada por el presidente de la República.
El presidente Gustavo Petro ha reaccionado ante la posibilidad de que su reforma pensional sea eliminada, cuestionando los motivos detrás del proceso judicial. A través de sus redes sociales, Petro hizo referencia a la confesión de la ex alta consejera para las Regiones, Sandra Ortiz, quien declaró ante la Fiscalía General de la Nación que hubo un pago de 3.000 millones de pesos al congresista Iván Name para facilitar la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional y el respaldo a varias reformas, entre ellas la pensional.
Petro criticó la postura de algunos medios de comunicación ligados a fondos privados de pensiones, los cuales han sugerido que el trámite de la reforma se vio afectado por pagos irregulares. Sin embargo, según el mandatario, la realidad es diferente. Petro señala que el congresista Iván Name habría demorado intencionalmente la votación de la reforma durante siete meses en el Senado, lo que afectó su avance. También mencionó que, de los 20 congresistas investigados en relación con el proceso legislativo, 16 votaron en contra de la reforma o se abstuvieron de participar en la votación.
https://twitter.com/petrogustavo/status/1922111261778837957
La decisión que adopte la Corte Constitucional este 29 de mayo será determinante para el futuro de la reforma . La anulación de la norma representaría un revés para la política social del Gobierno, mientras que su aprobación con modificaciones podría abrir la puerta a nuevos debates sobre su implementación. En cualquier caso, el resultado tendrá un impacto significativo en el sistema pensional colombiano y en la estrategia legislativa de la administración Petro.
Juan Joya




