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Un nuevo choque político se desató en torno a la seguridad de Hidroituango, luego de que el presidente Gustavo Petro descartara la existencia de evidencia sobre un posible atentado con drones en la central hidroeléctrica, versión que fue controvertida por autoridades regionales.
El mandatario aseguró que no hay pruebas que confirmen un ataque contra la central de generación de energía. Sin embargo, tanto el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, como el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, rechazaron esa postura y defendieron que la alerta provino directamente de la Fuerza Pública.
Alerta por presunto plan del frente 36
La controversia surge en medio de versiones sobre un eventual atentado que habría sido planeado por el frente 36 de las disidencias de las Farc, presuntamente utilizando drones contra autoridades y medios de comunicación en inmediaciones de Hidroituango, ubicada en el norte de Antioquia.
Los riesgos de seguridad en esa zona, históricamente afectada por presencia de grupos armados, reavivaron las tensiones entre la Casa de Nariño y los mandatarios antioqueños. Además de los cruces previos con el Ejército Nacional de Colombia, el episodio derivó en un intercambio público de cuestionamientos.
Gutiérrez: “No es la primera vez que se minimizan alertas”
El alcalde Gutiérrez criticó que el presidente reste importancia a advertencias que, según afirmó, han sido consideradas graves por las autoridades de seguridad. Señaló que no es la primera ocasión en que el Gobierno nacional desacredita este tipo de advertencias y recordó episodios del pasado en los que, según dijo, la falta de atención a las alertas terminó en hechos lamentables, mencionando el caso de Miguel Uribe Turbay.
En un tono más fuerte, el mandatario local expresó que la actitud del Gobierno frente a los dirigentes de oposición refleja, a su juicio, desinterés por su seguridad, pese a que han recibido amenazas directas de grupos armados ilegales. Aseguró que mientras las autoridades locales enfrentan riesgos, los grupos ilegales continúan recibiendo beneficios dentro de la política de paz del Ejecutivo.
Asimismo, exigió garantías reales de protección para quienes ejercen oposición política y han sido elegidos democráticamente.
Rendón: “La alerta fue de la Fuerza Pública”
Por su parte, el gobernador Rendón cuestionó el tono utilizado por el presidente para desestimar lo que calificó como alertas sustentadas. Explicó que la información que motivó la cancelación de la visita a la zona no fue producto de especulaciones, sino que provino directamente de organismos de seguridad.
El mandatario departamental enfatizó que fue la misma Fuerza Pública la que emitió la advertencia y recomendó no asistir al evento programado. Insistió en que la decisión se adoptó con base en información oficial y criterios de protección.
Reacciones nacionales y llamado a mayor control territorial
Las declaraciones de los líderes antioqueños generaron respaldo desde otros sectores políticos. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó solidaridad con ellos y subrayó la necesidad de que el Gobierno nacional refuerce el control en todo el territorio.
Galán pidió que las amenazas y reportes de riesgo sean asumidos con la seriedad que exige la historia reciente del país. Advirtió que la experiencia colombiana demuestra el alto costo de ignorar señales de peligro.
En la misma línea, el expresidente Álvaro Uribe planteó la posibilidad de solicitar apoyo internacional para enfrentar los problemas de seguridad. En un mensaje difundido en su cuenta de X, sostuvo que la defensa de la soberanía debe centrarse en garantizar la protección de los ciudadanos, por encima de cualquier debate ideológico.
Un nuevo episodio de tensión política
El cruce de versiones sobre la situación en Hidroituango vuelve a evidenciar la fractura entre el Gobierno nacional y las autoridades regionales de Antioquia, en un contexto marcado por la persistencia de amenazas de grupos armados y cuestionamientos a la política de seguridad.
Mientras la Presidencia descarta la existencia de pruebas concretas de un atentado, los mandatarios locales insisten en que las alertas fueron reales y sustentadas por la Fuerza Pública, dejando abierto un nuevo capítulo de confrontación política en torno al manejo del orden público en el país.
Sala Digital Colmundo
