Petro defiende contrato de más de $10.000 millones para su defensa en EE. UU. tras inclusión en la lista OFAC

El presidente Gustavo Petro defendió el contrato suscrito por el Gobierno nacional, por más de 10.000 millones de pesos, destinado a su defensa jurídica en Estados Unidos, luego de su inclusión en la lista de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), conocida como la lista Clinton. El mandatario atribuyó este episodio a actuaciones adelantadas por sectores de la oposición en el exterior.

Según el jefe de Estado, las gestiones realizadas por opositores en ciudades como Washington y Miami habrían derivado en consecuencias políticas y jurídicas para su Gobierno. Petro aseguró que estas visitas buscaban presionar escenarios internacionales en contra del país y sostuvo que dichas acciones terminaron generando efectos que hoy deben enfrentarse mediante una defensa legal especializada.

El contrato, celebrado por el Gobierno nacional, tiene como objetivo la representación y defensa jurídica del presidente ante autoridades y escenarios legales en Estados Unidos. De acuerdo con la información oficial, el acuerdo fue firmado con una firma experta en asuntos legales y regulatorios, encargada de adelantar las gestiones necesarias para controvertir y aclarar la inclusión del mandatario en los listados administrados por la OFAC.

La contratación de estos servicios jurídicos, sin embargo, ha generado fuertes cuestionamientos desde distintos sectores políticos. Las críticas se han centrado tanto en el alto monto del contrato como en la pertinencia de que sea el Estado el que asuma estos costos. Desde la oposición se ha pedido mayor claridad sobre los criterios de selección de la firma contratada y sobre la procedencia de los recursos públicos destinados a la defensa.

En medio de la controversia, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación previa para determinar si en la celebración del contrato se cumplieron los principios y requisitos establecidos en la normativa de contratación estatal. El organismo de control aclaró que esta actuación busca verificar la legalidad del proceso y que, por ahora, no implica la formulación de cargos disciplinarios.

Desde el Ejecutivo se ha insistido en que el contrato responde a una necesidad institucional, derivada de una decisión adoptada por una autoridad extranjera, y que la defensa jurídica busca proteger los intereses del jefe de Estado y del país en escenarios internacionales, más allá de consideraciones políticas internas.

La inclusión del presidente Petro en la lista OFAC provocó repercusiones políticas y diplomáticas, tanto en Colombia como en el exterior, y abrió un debate sobre los efectos de este tipo de decisiones en la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos, así como sobre los alcances de la defensa jurídica del Estado frente a determinaciones de organismos internacionales.

Humberto ‘Toto’ Torres