Petro decreta emergencia económica y social por 30 días tras fracaso de la reforma tributaria en el Congreso  

El Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional, mediante el decreto 1390 de 2025, una decisión que tendrá vigencia inicial de 30 días y que habilita al Ejecutivo para expedir decretos con fuerza de ley. La medida se adopta luego del hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República, que era considerada clave para el equilibrio de las finanzas públicas.

Según el documento oficial, de 20 páginas, la declaratoria responde a una situación que el Ejecutivo califica como grave e inmediata, al considerar que está en riesgo la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales y asegurar la prestación de servicios públicos esenciales. Durante el tiempo que dure la emergencia, el Gobierno podrá emitir decretos complementarios, los cuales serían publicados en los próximos días.

El decreto expone que el país enfrenta una crisis fiscal de múltiples frentes, derivada, entre otros factores, del archivo de las dos últimas reformas tributarias, que buscaban un recaudo estimado de 12 billones y 16,3 billones de pesos, respectivamente. A ello se suman presiones crecientes sobre el gasto público y limitaciones estructurales en el endeudamiento del Estado.

Entre los elementos que sustentan la declaratoria, el Gobierno señala el pago de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del sistema de salud, las alteraciones del orden público, el riesgo persistente para líderes sociales, así como el impacto fiscal de los desastres naturales provocados por la ola invernal. También se incluyen sentencias judiciales pendientes por 1,5 billones de pesos, obligaciones contractuales atrasadas por 5,1 billones, y deudas con víctimas del conflicto armado por 1,6 billones de pesos.

El decreto advierte, además, sobre las restricciones actuales para aumentar el endeudamiento público, lo que limita la capacidad del Estado para responder a estas obligaciones sin nuevas fuentes de financiación. En ese contexto, el Ejecutivo considera que la emergencia económica es el mecanismo constitucional para enfrentar de manera inmediata la coyuntura.

Durante el periodo de excepción, el Gobierno plantea la posibilidad de adoptar medidas fiscales de carácter extraordinario, entre ellas el establecimiento de un impuesto al patrimonio para personas naturales con un enfoque más progresivo, ajustes al IVA que podrían impactar el precio de algunos productos, y un incremento del impuesto de renta al sector financiero. También se contempla la financiación del sistema de salud pública mediante impuestos saludables, como gravámenes a bebidas alcohólicas o a dispositivos electrónicos como los vapeadores.

El decreto establece que el Congreso de la República será convocado para adelantar debates de control político sobre las normas que se expidan durante la emergencia, en cumplimiento de los mecanismos de control previstos por la Constitución para este tipo de medidas excepcionales.

El siguiente paso será la revisión automática por parte de la Corte Constitucional, que deberá determinar si el decreto y las disposiciones que se adopten se ajustan a la Constitución Política. Aunque gran parte de la Rama Judicial se encuentra en receso de fin de año, fuentes judiciales indicaron que ya está prevista la convocatoria de una sala plena extraordinaria, una vez se formalizó la expedición del decreto por parte del presidente Petro.

Humberto ‘Toto’ Torres