Petro asegura que “el Gobierno es dueño de la mitad de la deuda de la Nueva EPS”: acusa a familias poderosas

En la mañana de este viernes 14 de noviembre, el presidente Gustavo Petro afirmó a través de su cuenta en X que “el Gobierno ya es dueño de la mitad de la deuda de la Nueva EPS” y que esta situación no se originó durante su administración, sino “desde su fundación”. El mandatario insistió en que la crisis financiera de la entidad no nació bajo su Gobierno, sino que es un problema heredado.

En su mensaje, el presidente explicó lo que está sucediendo con la entidad y por qué se generó el problema que, según sus palabras, se trata de una deuda oculta y que los responsables la llevaron al borde del colapso financiero. Petro señaló que se trata de una crisis estructural provocada por manejos que —según él— se ocultaron durante años. Estas afirmaciones llegaron debido a un mensaje difundido por Jorge Espinosa, editor de Caracol Radio, quien se refirió al futuro de la EPS más grande del país y a la participación que ahora tendría el Estado en su control.

El jefe de Estado señaló que esta situación corresponde a “una de las deudas escondidas, como sucedió con el subsidio a la gasolina”, y aseveró que la propiedad de la mitad de la deuda por parte del Estado fue adquiriéndose sin tener control real sobre la entidad, pues durante años la administración estuvo en manos de privados. Según Petro, este modelo permitió que recursos públicos se usaran sin supervisión estatal, generando un daño progresivo e irreversible.

En la publicación, el mandatario responsabilizó a quienes controlaban la EPS desde su creación. Indicó que “los controladores privados de la entidad, allí había familias políticas muy pero muy conocidas” conocían desde el inicio que, por cada peso apropiado, la mitad de la deuda generada recaería sobre la Nación. Aseguró que sectores privados ligados a poderosas familias entendieron desde el comienzo que el Estado asumiría el costo del desbalance financiero. Agregó que estos grupos solo debían esperar “un presidente que nacionalizara la otra mitad de la deuda, como ya piden algunos congresistas y ‘expertos’”.

Asimismo, Petro expuso que este proceso habría significado “un robo completo al Estado y a la salud de los colombianos por decenas de billones de pesos, hecho por poderosísimas familias de Chapinero Alto”. El presidente acusó directamente a sectores económicos influyentes de haberse beneficiado de lo que calificó como un desfalco a la salud pública. La respuesta del mandatario surgió luego de un mensaje publicado por Jorge Restrepo, profesor de economía de la Universidad Javeriana, quien criticó la posible compra de la Nueva EPS por parte del Gobierno.

El docente afirmó que esta decisión equivaldría a que “la Nación —todos nosotros— asuma las deudas billonarias que generó la administración desde que fue intervenida”. Además, advirtió que el control gubernamental del sistema de salud “nos costará vidas y billones de pesos” y concluyó que “esto tiene que cambiar”. Restrepo alertó sobre el riesgo fiscal y social que, a su juicio, implica que el Estado asuma la operación de la entidad.

Sin embargo, la respuesta del académico también se dio luego de la información publicada por Espinosa, quien aseguró que “en los próximos días el Gobierno de Gustavo Petro anunciará que es el accionista mayoritario de la Nueva EPS”. Según su dato, las cajas de compensación ya habrían entregado parte de su participación, permitiendo que el Ejecutivo alcance el 51% de las acciones. El periodista aseguró que el Gobierno ya tendría la mayoría accionaria, lo cual abriría un nuevo capítulo en el control estatal del sistema de salud. Espinosa añadió que se prevé una capitalización de la entidad y la llegada de un nuevo agente interventor, Luis Óscar Gálvez Mateus, quien ha sido cuestionado en el pasado por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, “por tener procesos en su contra”.

Es de recordar que la Superintendencia Nacional de Salud intervino la Nueva EPS el 3 de abril de 2024, con el fin de ordenar las finanzas de la entidad prestadora de salud, corregir irregularidades financieras reportadas en 2023 y garantizar el derecho a la salud de los afiliados. La intervención sigue vigente y la vigilancia continúa, debido a la gravedad del deterioro financiero que se encontró. Desde entonces, la Superintendencia ha designado varios interventores y aún mantiene la supervisión sobre la empresa.

Dayineth Isabel Molina Velásquez