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El presidente Gustavo Petro confirmó que expedirá un nuevo decreto transitorio sobre el salario mínimo, luego de que el Consejo de Estado suspendiera el aumento del 23,78 % establecido en el Decreto 1469 de 2025. En una alocución realizada la noche del 15 de febrero de 2026, el mandatario aseguró que acatará la decisión judicial, pero insistió en que el llamado “salario vital” continuará vigente mientras se emite el nuevo acto administrativo.
El jefe de Estado explicó que aceptará la expedición de un decreto transitorio y que previamente buscará aclarar algunos puntos con el magistrado correspondiente. Señaló que el plazo de ocho días fijado por el alto tribunal podría resultar insuficiente para ajustar el nuevo texto, aunque reiteró que el salario vital seguirá rigiendo hasta que se expida el nuevo decreto, el cual —según afirmó— conservará ese mismo enfoque.
La controversia se originó tras la decisión del Consejo de Estado de ordenar al Gobierno emitir un nuevo decreto en un plazo máximo de ocho días, al considerar que el incremento salarial no habría contado con suficiente sustento técnico. El tribunal indicó que el ajuste debía fundamentarse en indicadores cuantitativos claros, como la inflación del 5,1 % y la productividad del 0,9 %, y no únicamente en una determinación de carácter político, con el fin de proteger la estabilidad económica y la confianza inversionista.
En su intervención, el mandatario defendió la legalidad y la conveniencia económica del aumento decretado el 31 de diciembre pasado, que fijó el salario mínimo en $1.750.905 y en $2.000.000 con auxilio de transporte. Negó que la medida haya generado presiones inflacionarias o afectaciones al empleo, y sostuvo que el nuevo decreto transitorio mantendrá el concepto de salario vital como eje central de la política laboral.
El presidente también anunció que solicitará una aclaración frente al auto judicial, al considerar que omitió un elemento clave de la jurisprudencia constitucional. Citó la sentencia C-815 de 1999 de la Corte Constitucional y subrayó que allí se establece el “carácter prevalente” de la protección al trabajo, en concordancia con los artículos 25 y 53 de la Constitución. Según explicó, esa prevalencia implica que el salario mínimo debe garantizar una remuneración mínima, vital y móvil, incluso en ausencia de consenso dentro de la Comisión de Concertación.
A juicio del mandatario, el decreto no debió ser suspendido; sin embargo, aclaró que respeta la decisión y procederá conforme a la orden judicial. Mientras se resuelve la aclaración solicitada, el Ejecutivo avanzará en la redacción del nuevo acto administrativo que definirá el incremento del salario mínimo para 2026.
En paralelo, Petro convocó a movilizaciones en todo el país para el jueves 19 de febrero, invitando al pueblo trabajador a concentrarse en las plazas públicas. El presidente sostuvo que la discusión sobre el salario no solo es jurídica, sino también social, y llamó a la ciudadanía a respaldar la defensa del salario vital en las calles.
Asimismo, anunció que este lunes se reunirá la Comisión de Concertación, con la participación del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, así como representantes del empresariado y del movimiento sindical. Allí se buscará abrir un nuevo espacio de diálogo para alcanzar un posible acuerdo. El mandatario indicó que escucharán a ambas partes y que, tras esa instancia, se expedirá el decreto transitorio, preferiblemente como resultado de una concertación.
Con este nuevo escenario, el Gobierno tiene ocho días para emitir un acto administrativo que redefina el aumento del salario mínimo, mientras se mantiene el debate jurídico y político sobre el alcance del concepto de salario vital y su sustento constitucional.
Humberto ‘Toto’ Torres
