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La posición del primer mandatario ha generado reacciones políticas tras conocerse un informe de la Contraloría que cifra en $32,9 billones las obligaciones de las EPS.
El presidente Gustavo Petro reiteró que el Gobierno Nacional no asumirá como deuda pública los pasivos financieros acumulados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) con la red hospitalaria del país. A través de múltiples declaraciones, el mandatario sostuvo que estas deudas, que superan los $32,9 billones según la Contraloría General, deben ser asumidas exclusivamente por los propietarios privados de estas entidades.
“La deuda con la red hospitalaria es privada, porque las EPS son privadas o controladas por privados, nunca será reconocida como deuda pública por el gobierno”, afirmó Petro, quien advirtió que cancelarla “sería un robo total al erario”. En su cuenta de X, el presidente agregó: “La deuda privada de las EPS a la red hospitalaria debe ser pagada con el patrimonio de sus dueños privados, que siempre las controlaron”.
El jefe de Estado también se refirió al reciente fallo de la Corte Constitucional que ordenó devolver el control de la EPS Sanitas al Grupo Keralty. “La aseguradora estaba profundamente deteriorada antes de la intervención”, afirmó Petro, quien añadió que Sanitas presentaba un déficit de $1,2 billones en reservas técnicas y más de $800.000 millones en patrimonio negativo. “El objeto de una intervención administrativa no es pagarle las deudas al propietario privado, es mantener la seguridad del tratamiento de los afiliados”, subrayó.
En ese sentido, el mandatario ha insistido en que el sistema actual de salud “devora el erario por billones y niega atenciones”. Según Petro, cada vez que se aumentan las transferencias públicas a las EPS, “no se vuelven en más servicios a sus afiliados, sino en más patrimonio de sus dueños”. También calificó como “uno de los peores vicios del sistema” la integración vertical entre EPS e IPS, que a su juicio ha permitido que el dinero público se utilice para ampliar el patrimonio privado de los dueños de las EPS.
El informe de la Contraloría General, con corte al 31 de diciembre de 2024, reveló que solo seis de las 29 EPS activas cumplen con los requisitos financieros mínimos, mientras que el 89 % de los afiliados están en entidades sin solvencia. Además, se identificaron deudas por $2,8 billones con operadores farmacéuticos y un aumento del 23,2 % en las peticiones, quejas y reclamos (PQR).
Desde el Congreso, el senador Wilson Arias respaldó el informe y criticó a quienes exigen recursos públicos para cubrir pasivos privados. “Tengo en mis manos el informe de la Contraloría General sobre el estado del aseguramiento de la salud por parte de las EPS y cajas de compensación, y es un informe muy revelador”, afirmó. “No sé por qué algunos senadores de la derecha, que siempre gritan pidiendo plata para las EPS, hoy no se pronuncian sobre esta deuda tan impresionante”, añadió Arias, quien pidió mayor transparencia por parte de las entidades promotoras de salud.
El presidente Petro ha sido claro en que su administración no socializará pérdidas privadas. “Nosotros no vamos a pagar las deudas de los privados. Los privados tienen que pagar sus deudas a las clínicas y hospitales, o se liquidan, como la norma lo dice”. También advirtió que asumir esas obligaciones sería “un delito contra las finanzas públicas” y una forma de “socializar pérdidas para privatizar ganancias”.
Entretanto, el debate sobre la sostenibilidad del sistema de salud continúa abierto, sin una reforma estructural aprobada por el Congreso. El Gobierno insiste en que el modelo actual es inviable y que cualquier solución debe pasar por una transformación profunda del sistema de aseguramiento, sin comprometer los recursos del Estado para cubrir deudas privadas.
JUAN JOYA
