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En un giro inesperado, el presidente Gustavo Petro reveló desde Barranquilla los supuestos motivos detrás de la salida de la exministra de Justicia Ángela María Buitrago, a quien ahora acusa de haber intentado “sabotear” su política de Paz Total.
“Una ministra de mi Gobierno quería sabotearnos porque no entendía por qué podíamos hablar con bandidos”, declaró Petro ante medios, en alusión a Buitrago, quien hasta hace semanas era considerada una funcionaria clave. El mandatario contrastó su enfoque: “Nosotros hablamos de frente [con estos grupos] porque queremos darles una segunda oportunidad”.
El conflicto por la extradición de alias ‘HH’
Según fuentes cercanas al Gobierno, el desencuentro habría surgido por la solicitud de frenar la extradición de Gabriel Yepes Mejía (‘HH’), líder de la disidencia del ELN Comuneros del Sur, con la que el Ejecutivo negocia en Nariño. Buitrago —quien en 2022 fue ternada por Petro para la Fiscalía General— habría rechazado esta medida, considerándola un riesgo jurídico.
Denuncias e injerencias cruzadas
La exministra abandonó el cargo el mes pasado denunciando presiones del ministro del Interior, Armando Benedetti, y de la directora de la Presidencia, Angy Rodríguez, quienes —según ella— exigieron cambios arbitrarios en direcciones del Ministerio. Ambos funcionarios negaron las acusaciones, y Benedetti incluso denunció a Buitrago por injuria.
Petro, por su parte, había minimizado el escándalo días atrás: “Yo pedí su renuncia […] No hay que acusar a gente inocente; el responsable soy yo”, afirmó, aunque ahora su discurso adopta un tono más confrontacional.
La paz vs. la “vieja mentalidad”
El presidente vinculó la salida de Buitrago con su visión de reformar el sistema carcelario: “El INPEC necesita otra mentalidad. Hay una quiebra de derechos humanos en las cárceles”. Sus palabras reflejan una pugna ideológica entre su enfoque de diálogos inclusivos y sectores que exigen mano dura.
¿Un mensaje a otros críticos?
La dura retórica de Petro parece advertir a funcionarios que cuestionen su estrategia de paz. Mientras el Gobierno insiste en que “Colombia no es tierra de bandidos”, las tensiones con sectores jurídicos y políticos se intensifican.
Contexto adicional: El escándalo coincide con la polémica alrededor del caso Nicolás Petro, donde el abogado Alejandro Carranza defendió la legalidad de los dineros recibidos por el hijo del presidente. Una coyuntura que añade presión al mandatario en medio de sus ambiciosas reformas.
Humberto ‘Toto’ Torres
