Partidos tienen hasta el 8 de diciembre para definir participación en consulta

¿Retractarse hasta el 22 de diciembre abre la puerta a maniobras oportunistas de los partidos?

La Registraduría Nacional del Estado Civil estableció el calendario electoral para las consultas interpartidistas que se realizarán el 8 de marzo de 2026, fecha definida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) mediante la Resolución 1542 del 1 de abril de 2025. Estas consultas permitirán a los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos escoger candidatos presidenciales o tomar decisiones internas, siempre que las colectividades lo soliciten formalmente.

Las organizaciones políticas tienen plazo hasta el próximo 8 de diciembre de 2025 para comunicar por escrito al CNE su intención de participar en las consultas. Este requisito es indispensable para que las agrupaciones puedan acceder al mecanismo de selección de candidatos o de definición de sus estrategias electorales.

El calendario contempla además que los partidos podrán retractarse de su decisión inicial de participar en las consultas hasta el 22 de diciembre de 2025. Esta disposición busca otorgar flexibilidad a las colectividades en caso de que reconsideren su estrategia política frente a las elecciones presidenciales de 2026.

El 27 de enero de 2026 vence el plazo para que las agrupaciones que hayan solicitado consultas presenten las preguntas al CNE. El organismo electoral tendrá hasta el 6 de febrero para pronunciarse sobre dichas preguntas, garantizando que los contenidos sean claros y ajustados a la normatividad vigente.

Ese mismo 6 de febrero de 2026 se fijó como fecha límite para que los precandidatos presidenciales se postulen ante la Registraduría Nacional, en caso de que sus partidos o movimientos hayan solicitado consultas. Con ello se busca dar certeza sobre los nombres que participarán en el proceso de selección interna.

El registrador nacional, Hernán Penagos, explicó que todas las consultas se realizarán con una única tarjeta electoral. “Todas las consultas se incluirán en una única tarjeta electoral”, señaló. “Hacer una tarjeta por organización política o coalición es un grave error porque estaríamos vulnerando el secreto del voto. Si una persona llega a la mesa de votación a pedir la tarjeta de una consulta en concreto, está mostrando su orientación ideológica y eso viola el secreto del voto”, agregó.

La decisión de unificar la tarjeta electoral busca proteger la reserva del sufragio y evitar que los votantes revelen su preferencia política al solicitar una tarjeta específica. De esta manera, la Registraduría pretende garantizar la transparencia y la seguridad del proceso de consultas interpartidistas de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Juan Joya