Petro desafía al Congreso: convocará consulta popular por decreto para que “el pueblo decida” sobre reforma laboral”
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Ocho partidos arremeten contra Petro: califican su consulta popular como “ruptura del Estado de Derecho”
La decisión del presidente Gustavo Petro de convocar por decreto una consulta popular sobre derechos laborales -tras su hundimiento en el Senado- ha desatado una tormenta política sin precedentes. Ocho partidos políticos unieron fuerzas para tildar la medida de “golpe de Estado” en un contundente comunicado que exige acción inmediata del Registrador Nacional.
El núcleo de la controversia
Las colectividades opositoras argumentan que Petro está “violando flagrantemente la Constitución” al ignorar el concepto desfavorable emitido por el Congreso el pasado 14 de mayo. En palabras textuales del comunicado:
“Esta decisión representaría una violación grave, abierta y directa a la Constitución, una ruptura de la separación de poderes y un golpe directo al Estado de Derecho”.
Los partidos recuerdan que la Sección Quinta del Consejo de Estado ya había advertido que el trámite legislativo sí se cumplió, por lo que la decisión del Senado constituye un “acto definitivo” que el Ejecutivo no puede desconocer.
Llamado de emergencia al Registrador
El documento hace un llamado expreso al Registrador Nacional, Hernán Penagos, para que:
“Verifique cuidadosamente la legalidad y legitimidad del decreto antes de fijar calendario electoral alguno. Confiamos en que actuará con pleno respeto al orden constitucional”.
Los firmantes -entre los que se encuentran los partidos Conservador, Liberal, Centro Democrático y Cambio Radical- acusan a Petro de “someter al país a su voluntad personal”:
“Colombia no puede seguir sometida a una persona que pretende desconocer el Estado de Derecho y la autonomía del Congreso”, señala el texto.
La bomba institucional
Analistas jurídicos consultados advierten que este enfrentamiento podría desembocar en:
- Una crisis constitucional si la Corte avala el decreto
- Un pulso electoral sin precedentes
- La judicialización del conflicto político
Mientras Petro insiste en que “el pueblo debe decidir”, la oposición se atrinchera en que “las instituciones deben respetarse”. El Registrador Nacional se convierte así en el árbitro accidental de una batalla que redefine los límites del presidencialismo colombiano.
Humberto ‘Toto’ Torres
