Parque Tayrona: cierre temporal por crisis de seguridad y hoja de ruta para su reapertura

¿Está el Gobierno manejando de manera fragmentada los problemas de paz, turismo y seguridad en el Parque Nacional?

El Parque Nacional Natural Tayrona, uno de los destinos turísticos más reconocidos de Colombia en la costa Caribe, sigue cerrado temporalmente tras una serie de incidentes de seguridad que han afectado tanto a visitantes como a comunidades locales. Lejos de tratarse de un problema ambiental o climático, la crisis se centra en el orden público, con presencia de grupos ilegales en los alrededores y tensiones entre distintos actores que dependen del parque.

Desde el inicio del cierre, la Policía Nacional ha desplegado un operativo integral dentro del parque y sus inmediaciones. Este despliegue incluye unidades especializadas en control ambiental, patrullajes permanentes y control de accesos, además de acompañamiento a actividades de ecoturismo y un trabajo constante con las comunidades aledañas para identificar riesgos y prevenir delitos. La estrategia también contempla acciones investigativas para determinar la presencia y actividad de grupos ilegales que afectan la seguridad del área protegida.

La respuesta del Gobierno ha sido multinivel y coordinada. El presidente Gustavo Petro ordenó la instalación inmediata de una estación de carabineros dentro del parque, reforzando así la presencia del Estado y el control territorial. En paralelo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha liderado mesas de trabajo en Bogotá, con participación de Parques Nacionales, Policía, Ejército, alcaldías locales y representantes de las comunidades indígenas, para diseñar una hoja de ruta que permita la reapertura segura y sostenible del Tayrona. Estas reuniones buscan definir medidas de seguridad, protocolos de ingreso y capacidades máximas de visitantes, además de consolidar la cooperación con la población local.

Ya en el terreno, la Policía y el Ejército han realizado patrullajes constantes y control de accesos, mientras que equipos especializados en protección ambiental acompañan las labores de conservación del ecosistema. Además, se han implementado acciones de sensibilización y diálogo con las comunidades, con el objetivo de fortalecer la coadministración y garantizar que la reapertura respete la biodiversidad y los derechos de los habitantes ancestrales, especialmente los kogui, que reclaman un rol más activo en la gestión del área protegida.

La crisis también ha tenido repercusiones económicas. Según gremios turísticos, cerca del 50 % de los comercios en Santa Marta que dependen del flujo de visitantes del Tayrona han sufrido pérdidas importantes. La caída en el turismo ha generado tensiones entre comunidades indígenas y empresarios locales, quienes exigen una reapertura bajo condiciones de seguridad que permitan reactivar la economía sin poner en riesgo a turistas ni pobladores.

Las comunidades kogui, habitantes ancestrales de la zona, han exigido un rol más activo en la administración del parque. Reclaman la coadministración como mecanismo para proteger su territorio, su cultura y la sostenibilidad del área, argumentando que su conocimiento ancestral es clave para garantizar la conservación y la seguridad.

Juan Joya